El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, según confirmó la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La imputación fue presentada por los fiscales Néstor Coronel Gamarra, Luz Guerrero y Marlene González, en el marco de la causa denominada “Sebastián Insfrán y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, que también alcanza a funcionarios municipales y miembros de subcomisiones: Sebastián Martínez Insfrán, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Jorge Rivas Rivas Aponte, entre otros.
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Hechos investigados
De acuerdo con la pesquisa, en el año 2020, durante la administración de Prieto, la Municipalidad de Ciudad del Este desembolsó G. 311.580.000 provenientes de fondos destinados a “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro”.
El dinero fue entregado a dos subcomisiones: la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este (G. 155 millones) y la Subcomisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este (G. 156,5 millones).
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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos fondos fueron utilizados para pagar servicios que nunca se realizaron, ocasionando un perjuicio patrimonial a la comuna. Para justificar los desembolsos, se habrían presentado facturas con contenido falso, entre ellas documentos emitidos por la firma Fasv import/export, que en realidad es un local gastronómico dedicado a impartir cursos.
Según el acta de imputación, el secretario de la empresa, Diego Daniel Méndez Ramírez, declaró que las facturas fueron emitidas a pedido de Juan Quiroga, presidente de una de las subcomisiones. Además, el Ministerio Público sostiene que algunas fotografías presentadas como respaldo de los proyectos ya habían sido utilizadas en otra rendición de cuentas.
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Medidas cautelares
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación y la apertura formal del proceso penal contra los imputados. Entre las medidas cautelares requeridas figuran:
- La obligación de firmar el cuaderno de comparecencia del 1 al 5 de cada mes.
- La prohibición de salir del país sin autorización judicial.
- La prohibición de cambiar de domicilio sin previo aviso.