La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso de apelación general planteado por el acusado del caso Berilo, Diego Medina, secretario del encausado Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, bajo patrocinio del abogado Pedro Albino Rodíguez Servín. La decisión se dio a conocer a través del auto interlocutorio (AI) N° 576, firmado por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón.
Medina atacó con esta acción el AI N° 188 del 11 de julio de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, de la Capital. La mencionada resolución confirmó al juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios en la causa, luego de haber sido recusado por el propio Medina.
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El ministro Ramírez Candia señaló en su voto, que “si bien la resolución impugnada es originaria del Tribunal de Apelación, la misma resulta irrecurrible”. Añadió, “la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,es resolver las recusaciones contra miembros del Tribunal de Apelaciones y no contra magistrados de primera instancia”.
Por su parte, el ministro Benítez Riera sostuvo “de las normativas precedentemente trascriptas se infiere, claramente, que, una vez rechazada la recusación ésta es inapelable y los Jueces recusados deben seguir entendiendo en la causa, sin que los recusantes puedan volver a invocar los mismos hechos para apartarlos”.
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Con la declaración de la Corte, como inadmisible en relación al recurso, existe nuevamente vía libre para convocar a la audiencia preliminar, es el 15° intento por realizar la diligencia intermedia del proceso penal.
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Ministro Rolón invocó poder de jueces para sancionar
Al momento de emitir su voto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón refirió que “el recurso de apelación promovido ante la Corte Suprema de Justicia puede ser admitido siempre que la resolución recurrida sea originaria del Tribunal de Apelación que la dictó”, según lo establecido en el Código de Organización Judicial.
Además, “la Excelentísima Corte Suprema de Justicia es competente para resolver, en única instancia, la recusación deducida contra los Ministros que la integran y la promovida contra los miembros de los Tribunales de Apelación. A su vez, nada estipulan sobre la resolución que los Tribunales de Apelación dicten respecto de la recusación deducida contra los Jueces de Primera Instancia”.
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Más adelante, Jiménez Rolón enfatizó en que “los derechos procesales deben ser ejercidos dentro de los límites legales y conforme con los fines que persigue el ordenamiento jurídico, esto es, buscar, en lo posible, la verdad material dentro de la dialéctica del proceso y servir al valor justicia”.
Y por último, el ministro Jiménez Rolón subrayó cabe reiterar que el Artículo 112 del Código de Rito Penal dispone que las partes deberán litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el citado cuerpo legal les concede. Luego, el Artículo 114 de la norma ritual autoriza a los jueces a la aplicación de sanciones cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad”.
Camarista también instó a sancionar
Ya al momento de dar su voto para confirmar al juez Palacios, el camarista Paublino Escobar refirió también que el Tribunal de Apelaciones tiene el deber de velar por la correcta administración de justicia, evitando maniobras dilatorias que obstaculicen el normal desenvolvimiento del proceso.
Al respecto, resaltó que en la presente causa corresponde advertir a los acusados y letrados intervinientes que “deberán abstenerse de incurrir nuevamente en conductas que impliquen una dilación indebida del proceso, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal.”
Escobar agregó que la presentación de recursos dilatorios podrán dar lugar a la imposición de sanciones procesales y pecuniarias, incluso la remisión de antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en caso de reiteración.
Finalmente, el magistrado instó al juez Penal de Garantías Miguel Ángel Palacios que, frente a la reiteración de incidencias dilatorias, previa audiencia con el afectado, ejerza la potestad sancionatoria prevista en el Código Procesal Penal.
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Chicanas traban caso Berilo hace más de 3 años
La última vez que se intentó llevar a cabo la diligencia fue este miércoles 9 de julio, pero un día antes el acusado Diego Medina recusó al juez Miguel Palacios. Anteriormente, el magistrado convocó la audiencia para el jueves 22 de mayo pasado, pero finalmente se suspendió debido recusación planteada por el acusado Marcelo Cabaña Santacruz, hermano del supuesto traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña, contra Palacios.
Como viene haciendo en las últimas ocasiones, el juez de Garantías había citado a los acusados y sus defensas para este miércoles 9 de julio bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, en caso de que los mismos vuelvan a plantear recursos dilatorios para volver a trabar la diligencia.
De hecho que al rechazar los recursos planteados por dos defensas, luego de la 11ª suspensión de la preliminar, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital había cuestionado que hasta ahora no hayan sido sancionados quienes han abusado de su derecho a la defensa, evitando así el juzgamiento de la presente causa penal; y agregan que este vicio debe ser corregido por el juzgado de Garantías.
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Sin embargo, pese a todos los recursos planteados que han impedido la realización y la audiencia preliminar y que siguen dilatando el proceso del caso Berilo, hasta ahora ningún acusado ni los defensores han sido sancionados por el juez de Garantías Miguel Palacios.
Cucho y Ulises encabezan lista de acusados
La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña; y por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico contra el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.
Los demás acusados en la causa son Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Yisela Noemí Ramírez, Carlos Rubén Brítez Torres, Diego Miguel Medina Otazú, Gloria Rossana López Ramírez, Hugo Martín Ríos, Humberto Rodríguez González, Jorge de Jesús Ríos González, José Dolores Pinto Apostolaqui, Luis Ricardo Yegros Fariña, Óscar Adrián Monges, Sixto Ramón Arias Villalba y Alcides Villagra Giménez.
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La Fiscalía también pide juicio oral para Celso Diosnel Ortega Aguilera, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, Flora Lidia Ayala González, Gustavo Ramón Yegros, Juan José Alonso Meza, Luis Ricardo Yegros Fariña, Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Nelson Darío Barrios Ávalos, Richard Antonio Sebriano Silvero, Selva María Chaparro Delgado, Víctor Manuel López Acuña, José Ramón Alarcón Paniagua y Carlos Alberto Aguilar Sánchez.