Un equipo fiscal integrado por José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera, Diana Gómez y Enrique Fornerón, de las unidades especializadas de Crimen Organizado, Delitos Económicos, Delitos Informáticos y de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, acompañados por policías Contra el Crimen Organizado, allanaron cuatro escribanías y una estación de servicios, en el marco de la causa relacionada a las transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes.
Es necesario precisar que los bienes, tanto vehículos de todo tipo como inmuebles, vinculados a Alexandre Rodrigues Gomes son requeridos para comiso en el marco de la causa “Pavo Real Py II” en la que fue acusado por lavado de activos y narcotráfico, el pasado 19 de agosto por los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
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Sin embargo, la investigación que tiene como objeto las transferencias hechas en escribanías, se desprendió de “Pavo Real Py II”. En este marco, están imputados Alexandre Rodrigues Gomes y su abogado defensor Óscar Tuma, por lavado de dinero, y Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), por ilícitos de alteración de datos informáticos.
En esta causa hay datos que señalan que, en agosto de 2024, 12 horas después de que se registrara la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, en el sistema informático de la DGRP, la supervisora Alcira Rodríguez habría alterado los datos del procesado, dejándolo “libre” para que disponga de sus bienes y, a partir de ahí transfirió cuatro propiedades a Tuma y varios vehículos a otras personas.
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De esta forma, Alexandre Rodrigues habría pretendido ocultar y dispersar sus bienes, mediante terceros, para evitar el comiso de los mismos por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.
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Hallaron transferencias de Alexandre Rodrigues
La comitiva fiscal-policial realizó cinco procedimientos en simultáneo. Uno de ellos en la escribanía de Blanca Rossana Ozuna, en San Lorenzo. De aquí se incautaron documentaciones notariales originales, sospechosas de contener operaciones simuladas o fraudulentos; así como registros de transacciones digitales; además de celulares y una CPU.
En Fernando de la Mora fue intervenida la escribanía de María Raquel Cáceres, de donde también se incautaron documentaciones notariales y otros elementos relacionados a la investigación.
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De la escribanía de María Luisa Verón, situada en Areguá, se incautaron documentos de transferencias de vehículos de Alexandre Rodrigues en favor de Óscar Mauricio Romero Amarilla, una por una camioneta Ram Larame negra, modelo 2018; otra por una Toyota Landcruiser, color blanco, modelo 2019 y un camión Iveco Tector, de color blanco, modelo 2018. Las tres, llamativamente, tienen fecha de 9 de setiembre de 2024.
Mientras que en otro documento notarial consta que Alexandre Rodrigues transfirió una camioneta Ford F-1000 en favor de Celso Ramón Portillo Franco, el 16 de setiembre de 2024.
La última escribanía allanada fue la de Elvia del Pilar Ayala Brítez, ubicada en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. De aquí también se incautaron varios documentos notariales que serán sometidos a análisis por parte de los investigadores.
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Recuperaron camión cisterna de Alexandre Rodrigues
Así también otro grupo de intervinientes, allanó una estación de servicios perteneciente a la firma “Castellano Sociedad Anónima (SA)”, ubicada en la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro. En el lugar se incautaron cuatro escrituras públicas relacionadas específicamente a Alexandre Rodrigues, así como documentos del vehículo en cuestión.
Se trata de un camión y un semirremolque, los cuales primeramente fueron transferidos a Rosa Domínguez y ella, luego transfirió los bienes a la firma “Castellano SA”, según lo incautado del lugar.
De hecho, es un camión IVECO HI-ROAD, azul, con matrícula AAGK 015, sobre el cual pesaba una orden de secuestro, búsqueda, localización e incautación, según el oficio N° 335/2025, del 10 de julio del 2025, y un semiremolque Randon, azul, con placa AAGK 014. Ambos fueron incautados el 8 de setiembre de un surtidor del emblema Copetrol, franquicia que explota la firma “Castellano SA”.
El rodado quedó depositado en la comisaría 19° del distrito de Tacuara, departamento de San Pedro, y a disposición del juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Osmar Legal, en el marco de la causa “Pavo Real Py II”.
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Medida de inhibición contra Alexandre Gomes y alteración
Rodrigues fue detenido en su casa de Pedro Juan Caballero el 19 de agosto de 2024. Ese día, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes contra el citado procesado, lo que lo inhabilitaba para disponer libremente de sus bienes.
Tuma asumió como defensor el 20 de agosto. En esa fecha el juzgado ordenó a la DGRP, vía oficio, que se registre la medida cautelar a los imputados. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se procedió a lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
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Sin embargo, el abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no había quedado firme. Tuma presentó su escrito en forma electrónica a las 0:56 del 21 de agosto, según consta en el registro.
Ese mismo día, pero a las 12:22, la funcionaria ahora imputada Alcira Rodríguez había ingresado al sistema con su código de usuario 107. La mujer realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336.
Esa acción abrió la posibilidad de que la transferencia de los cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y cuyo valor total alcanza G. 1.700 millones, de parte de Alexandre Rodrigues a Óscar Tuma pueda realizarse, pues la notaria, en el marco de sus actuaciones, solicitó un informe a Registros Públicos a modo de conocer si había impedimento legal, pero la respuesta fue negativa.