El operativo en la celda de Tío Rico es encabezado por el fiscal Luis Fernando Escobar, con apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones y de Crimen Organizado. Durante el procedimiento, en el penal de máxima seguridad hallaron un libro del Código Procesal Penal que tenía anotados números telefónicos de autoridades, un cargador y un estuche transparente de iPhone, un cable de máquina de afeitar y dos billetes de G. 50 mil, en el bolsillo de un pantalón.
El hallazgo de los accesorios de un celular implica la posibilidad de que Tío Rico haya tenido acceso a un aparato telefónico. Las evidencias serán analizadas por los investigadores a cargo del operativo.

Los intervinientes en estos momentos también inspeccionan las celdas aledañas a las de Tío Rico, en busca de más elementos que podrían estar relacionados con el crimen.
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El agente fiscal Luis Fernando Escobar, fiscal de turno en Ciudad del Este, encabezó el allanamiento en la celda de Insfrán.
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Escobar actuó como coadyuvante del equipo conformado por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Hermenegilda Cubilla, quienes llevan adelante la investigación del asesinato de Moral.
La orden judicial fue firmada por el juez penal de garantías de Asunción, Francisco Acevedo.
Moral Centurión fue atacado a balazos por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta cuando salía de la sede universitaria, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. La identidad fue confirmada por su hermano, quien acudió hasta el lugar del crimen.
Varios condenados tras denuncia de la víctima
El militar asesinado había cobrado notoriedad por denunciar al coronel Luis Belotto y a su esposa, Alba Ale de Belotto, quienes en 2023 intentaron introducir un teléfono celular al penal militar de Viñas Cue para “Tío Rico”.

El pasado 4 de septiembre, un Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años de prisión al coronel Belotto, a su esposa y al abogado Miguel Mendieta por soborno agravado.
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De acuerdo con la Fiscalía, los condenados ofrecieron G. 10 millones a Moral Centurión para ingresar el aparato telefónico a la cárcel, lo que él se negó a hacer y terminó denunciando.
Pese a que la familia denunció que ya había sido víctima de seguimiento y amenazas antes, las Fuerzas Militares hoy aseguraron que no tenían registros al respecto y por ello no le brindaron custodia ni trasladaron.