El teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años de edad, ascendido al grado de coronel póstumo, fue asesinado el jueves 2 de octubre, a las 16:32, cuando estacionaba su camioneta sobre la calle Congreso de Colombia, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad de la capital del país.
El atentado fue perpetrado por dos sicarios que actuaron en una motocicleta Taiga de 150 cc, con chapa 644 BFB. El que conducía el biciclo era supuestamente Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, y el que disparó habría sido un menor de 16 años.
Los sicarios abandonaron posteriormente la moto en la estación de servicios del emblema Shell situada en Primer Presidente y Santísimo Sacramento, a 2 kilómetros de la escena del crimen.
De ahí, tomaron un automóvil de Bolt con el que se trasladaron hasta sus respectivos domicilios, ambos en el barrio Acosta Ñu de la ciudad de San Antonio, Central, a 25 kilómetros del lugar del asesinato.
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Envíos de dinero para la vigilancia del militar y para el pasaje hasta la frontera
Una investigación del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional (PN), bajo la supervisión del fiscal José Martín Morínigo Coronel, de la unidad de Crimen Organizado de Asunción, permitió descubrir que inmediatamente después del atentado los dos supuestos asesinos recibieron un giro de 300.000 guaraníes, plata con la cual se trasladaron esa misma noche hasta Ciudad del Este para reunirse con sus contratantes.
De hecho, los investigadores pillaron que los supuestos asesinos por encargo ya habían recibido días antes otros tres giros de 800.000, 400.000 y 300.000 guaraníes, que probablemente se usaron para la vigilancia del militar.
Investigando esas transferencias de dinero, una comitiva allanó ayer a las 06:00 en Ciudad del Este la casa de Rolando Javier Torres Rivarola, 23 años, quien no quedó preso porque será usado como testigo.
Este contó que efectivamente envió el último giro de 300.000 guaraníes a los dos sicarios por pedido de su compañero de colegio y vecino, Ángel David González Guillén, de 22 años, cuyo domicilio también fue intervenido momentos después.
Al ser detenido, Ángel David alegó que el que en realidad le pidió que enviara la plata a los sicarios fue su tío, Jorge Guillén Bogado, de 44 años, quien fue arrestado minutos después en el tercer allanamiento.
Este negó su participación y desacreditó la versión de su sobrino.
Para los investigadores, Jorge Guillén Bogado sería el financista del crimen del militar Guillermo Moral, aunque ahora debe ser determinado quién le pidió a él que organizara y pagara el atentado.
Jorge Guillén Bogado, en el año 2020, fue investigado como miembro de la gavilla que atacó una patrullera de la Policía en Ciudad del Este, y en el año 2023 lo señalaron como el “patrón” de una banda de piratas del asfalto responsable de casi todos los atracos a camiones de empresas transportadoras de encomiendas que salían de Ciudad del Este con cargamentos de celulares iPhone.
Otro sobrino sería el que contrató a los dos precoces asesinos
El cuarto allanamiento de ayer en Ciudad del Este fue en la casa de otro sobrino de Jorge Guillén, identificado como Carlos Antonio Báez Guillén, de 32 años, alias Lulú, quien es hermano de madre de Ángel David y que tiene orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina por un caso de homicidio calificado.
Lulú, supuestamente por instrucciones de su tío Jorge, sería el que contrató a los dos sicarios que mataron al militar.
Aunque ayer no fue encontrado, hoy sería emitida la orden de captura en su contra por el caso del teniente coronel Guillermo Moral.
Todos los allanamientos de ayer fueron acompañados por los fiscales José Martín Morínigo y Cristhian Ortiz, aunque también desde Asunción apoyó la tarea la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez, quien emitía las órdenes a medida que se necesitaban.
Al mismo tiempo de los allanamientos en Ciudad del Este, otro equipo efectuó dos procedimientos similares en la ciudad de San Antonio, en lugares donde los jóvenes buscados eran vistos habitualmente, pero sin éxito.
Estos cateos fueron dirigidos por el fiscal Juan Ramón Sandoval, también de la unidad de Crimen Organizado de Asunción.