Los ahora buscados por el asalto son Deivid Petter De Souza, de 34 años, y Andrés Pintos Venialgo, de 59 años, quienes serían el dueño y el explosivista autorizado de la Cantera Petters SA, respectivamente.
Este establecimiento funciona a 2 kilómetros de la Ruta PY06, en la zona conocida como Calle 28 Monday, en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
Las órdenes de detención contra ellos fueron firmadas por los fiscales Cleider Marlene Velázquez López y Óscar Javier Paredes López, quienes dirigen la investigación del asalto al banco Itaú de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.
El golpe se produjo en la madrugada del 30 de octubre pasado, cuando una banda de asaltantes tomó la ciudad y detonó dos bombas dentro de la entidad bancaria, que funciona en pleno centro, en la Ruta PY03.
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Las explosiones destruyeron casi todo el edificio, incluyendo la bóveda, donde supuestamente había un caudal equivalente a unos 916.000 dólares, de los cuales se recuperaron entre los escombros el equivalente a unos 478.000 dólares, por lo que entonces el monto faltante o robado fue de aproximadamente 438.000 dólares.
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Los delincuentes usaron una camioneta Ford Ranger blanca, robada en Argentina y que apareció quemada en Itakyry, así como una camioneta Toyota Hilux negra, robada en Yatytay y que quedó abandonada en Nueva Esperanza.
En la carrocería de este último vehículo quedó una barra de acero que tenía adheridas varias unidades de emulsión explosiva encartuchada, también conocidas como “banana”, que estaban conectadas a su vez con estopines y cordones detonantes, es decir, una de las bombas que no se llegaron a usar en el ataque al banco Itaú.
Aunque los malvivientes se tomaron la molestia de borrar las códigos de barra y otros elementos identificatorios de los explosivos, militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) se las ingeniaron para descifrar estos números.
Al obtener estos dígitos, descubrieron que, en teoría, esos explosivos deberían estar en la cantera Petters de Minga Guazú, ya que en el sistema informático de Digemabel figura que adquirió legalmente esos materiales el 10 de octubre pasado, es decir, solo 20 días antes del asalto en Katueté.
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Antes de elevar un informe oficial a la Fiscalía, Digemabel incluso envió equipos de revisión a la cantera de Minga Guazú, donde se constató el faltante de los explosivos.
Los responsables de la cantera ni siquiera hicieron alguna denuncia de robo o extravío para justificar el faltante, por lo que los investigadores militares, policiales y fiscales asumen que entregaron deliberadamente los explosivos a los asaltantes.
Al menos hasta esta tarde, ni el dueño ni el explosivista habían sido detenidos.