Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años, alias El Monstruo, fue capturado el 24 de setiembre pasado en una casa que alquilaba en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, a 20 kilómetros de la capital del país, Asunción. Fue confinado en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, en el municipio de Emboscada, departamento de Cordillera.
Es sospechoso de liderar la banda Los Injertos del Cono Norte, que opera en la capital de Perú, Lima, y que se dedica principalmente a la extorsión, el secuestro y los asaltos. Las autoridades peruanas enviaron tres exhortos de extradición a las autoridades paraguayas tras enterarse de su captura.
Uno de ellos, cuya causa es por secuestro y organización criminal, fue resuelto el 17 de noviembre por la jueza penal de Garantías 1 Clara Ruiz Díaz, quien resolvió hacer lugar a la extradición. Esta decisión fue apelada por la defensa y está a la espera de la resolución de un tribunal de apelación.
Otro pedido de extradición fue resuelto por el juez penal de Garantías 4, Raúl Florentín, cuya causa es por extorsión, quien también dictaminó a favor de la extradición, aunque condicionó que la misma se cumpla una vez que las tres causas tengan dictamen y queden firmes.
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El último pedido de extradición, por una causa de asalto, fue atendido por el juez penal de Garantías 12, Francisco Acevedo, en la que El Monstruo ya tiene una condena de 12 años de cárcel que está firme en Perú. Acevedo hizo lugar a la extradición hoy.
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Proceso de apelación
Tanto la resolución de Acevedo, como la de Florentín todavía pueden ser apeladas por la defensa y en ese caso, deberán ser atendidas cada una por tribunales de apelación.
Recién después de que los tribunales de apelación dicten sus sentencias, El Monstruo podría extraditado, ya que la ley 1.892 es clara en que el extraditable no tiene que tener ningún proceso pendiente para ser entregado a las autoridades requirientes.
La detención de El Monstruo, el criminal más buscado de Perú, se produjo gracias a la recompensa 1.000.000 de soles peruanos ofrecidos por el Gobierno de Perú. Ese dinero equivale a unos US$ 288.000 americanos o al menos G. 2.030 millones.
Sin embargo, pese a que ya pasaron casi dos meses, las autoridades peruanas simplemente se desentendieron del informante que proporcionó la ubicación del fugitivo y de la Policía de Paraguay que ejecutó la operación.