El comisario Luis López, jefe del Departamento de Crimen Organizado, confirmó que varias de armas incautadas en Brasil, ya habían sido facturadas por Camping 44 días después de haber sido decomisadas en operativos policiales en Río de Janeiro. Eso habría encendido las alertas sobre posibles irregularidades en la documentación, lo que derivó en una carpeta fiscal y un allanamiento llevado a cabo desde temprano este lunes.
Detalló que están analizando toda la trazabilidad, la documentación de importación, venta y los respaldos documentales de las armas que fueron encontradas en poder de organizaciones criminales en Brasil. Hasta el momento, se identificaron 32 armas importadas por una misma empresa que terminaron fuera del circuito legal.
Según la investigación, las armas ingresaron al país de manera legal, pero posteriormente habrían sido desviadas a través de empresas de fachada, que simulaban compras formales para luego enviarlas al exterior. Una de las personas detenidas era la encargada de retirar las armas, mientras que otra administraba la trazabilidad documental y los sistemas informáticos, además de gestionar pedidos y ventas.
Entre los detenidos figuran Tamara Scarlett Recalde, responsable de levantar pedidos e inscripciones, y Nelson Osmar Rizzi.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los otros cinco que aún no fueron detenidos, pero ya cuentan con orden de captura, serían algunos empleados de la misma firma y otros propietarios de empresas “de fachada” que compraban las armas para luego enviarlas al Crimen Organizado, según las sospechas.
Lea más: Datos sobre la presencia del Comando Vermelho y PCC en Paraguay
Analizan trazabilidad de armas en el negocio
El comisario López indicó que las armas estarían vinculadas a al menos tres operativos internacionales. Las autoridades sostienen que varias de las armas que fueron importadas por Camping 44 terminaron en manos del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Río de Janeiro, Brasil.
Actualmente, la Policía coteja el stock de armas en salas de venta y depósitos de la empresa y compara los documentos con los despachos aduaneros, registros de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) y otros organismos de control. “Es probable que se proceda a la incautación de armas que no coincidan con la documentación presentada”, advirtió López.