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Mientras las autoridades nacionales no se deciden sobre la situación actual de esta zona de la Reserva San Rafael, los tractocamiones siguen operando, destruyendo todo el bosque que todavía queda.
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Los desmontes se dan en una zona conocida como Toro Blanco, en el distrito de Alto Verá, Caazapá, dentro mismo de la Reserva San Rafael. Esta área protegida sufre, desde hace décadas, la destrucción de sus recursos naturales, a pesar de las leyes que la protegen.
Las imágenes a las que accedió ABC Color muestran la manera en que los tractocamiones siguen sacando troncos de esta zona de la Reserva. Especialistas señalaron que, por el diámetro que tienen estos trozos de madera, es casi seguro que terminen siendo carbón.
Un predio con una historia truculenta
En esa misma zona de donde se registran estos desmontes aparece una propiedad del Banco Nacional de Fomento (BNF): la finca N° 974. Este inmueble, de 3.302 hectáreas, fue vendido a la agroganadera Don Felipe en el 2003 por el Consejo de Administración del BNF, lo que implicaba, además, la desafectación del terreno como parte de la Reserva.
Sin embargo, hasta hoy, veinte años después, el predio no puede ser registrado a favor de la empresa. El título sigue figurando a nombre de la banca estatal.
Agroganadera Don Felipe, que tiene como propietario a Antonio Ibarra Llano, pagó por estas tierras unos G. 700 millones, según los documentos que obran en la Contraloría General de la República (CGR), que hizo un informe lapidario al respecto.
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Pero la titulación tiene una larga historia. Después de aceptar la venta, el BNF decidió “deshacer” la operación, debido a que la propiedad figura dentro de lo que es la Reserva para el Parque San Rafael. Sin embargo, a lo largo de estos años, el BNF perdió en todas las instancias judiciales en las que buscó reivindicar este terreno.
El 7 de enero de 2022, el abogado Héctor Parodi, en representación de Don Felipe, demandó al BNF exigiendo la obligación de que el Banco otorgue la escritura del título a favor de la empresa.
El 12 de abril de 2022, el BNF presentó allanamiento a la demanda; es decir, aceptó el reclamo de la agroganadera.
El juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción condenó al BNF, efectivamente, a otorgar la escritura pública de transferencia de dominio del terreno, siempre y cuando no existan impedimentos jurídicos.
En ese sentido, un informe del departamento Jurídico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), del 23 de julio de 2023, sostiene que se tomen los recaudos pertinentes para que dicha propiedad siga siendo parte de la Reserva San Rafael, con las condiciones jurídicas que eso implica; es decir, la prohibición total de cualquier tipo de alteración de sus bosques.
Sin embargo, hasta ahora, la agroganadera sigue operando en el lugar.
La Reserva San Rafael, de unas 73.000 hectáreas, es considerada por comunidades indígenas una zona sagrada, por su importancia espiritual y territorial. Los indígenas denominan al lugar “Tekoha Guasu”, que significa “el lugar donde somos lo que somos”.
Desde el Mades aseguraron a ABC Color que ninguna propiedad que se encuentre dentro del perímetro de la Reserva puede tener autorización para algún tipo de desmonte.
BNF reconoce que predio tiene problemas de antaño
Graciela García, gerente de Asuntos Legales del BNF, reconoció que la propiedad sigue a nombre del Banco y que hasta ahora no se ha podido hacer la transferencia del título.
Aseguró que el organismo de aplicación que debe intervenir es el Mades, ya que en lo que concierne al proceso de venta, todo está resuelto. García afirmó además que son conscientes de los casos de desmonte y extracción de madera que hay en el terreno, pero que desde el BNF ya se ha hecho todo lo posible por recuperarlo para luego buscar acciones para protegerlo.
Responsabiliza a otra gente
Antonio Ibarra Llano, propietario de la Agroganadera Don Felipe, que reclama la titulación de su estancia al BNF y la desafectación del inmueble de la Reserva San Rafael, aseguró que los responsables de los desmontes en la zona son los supuestos campesinos que se instalan en los alrededores, además de otras personas que lucran con la madera, según dijo.
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Agregó que desde hace 20 años viene solicitando el título de su propiedad que, a su criterio, ya no pertenece a la Reserva. Dijo, sin embargo, que él no es responsable de la deforestación que se da en el lugar.
Ibarra Llano afirmó que gran parte de estos desmontes se dan gracias a gente de afuera, supuestos campesinos -según dijo- que sacan la madera con camiones e incluso con tractores.
Afirmó que hizo decenas de denuncias, pero que nunca tuvo eco favorable por parte de las autoridades.
Contra Ibarra Llano hay una imputación fiscal por desmonte ilegal, en el 2013, pero que no tuvo avance en la investigación.
Para fiscalía, es zona conflictiva
La fiscala Angelina Arriola, de la unidad especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, dijo que varias veces ya hicieron intervenciones en el lugar.
Agregó que solicitará nuevos informes de la zona, a la que calificó de conflictiva, ya que tiene varias denuncias sobre casos de extracción de madera, tanto en la propiedad de la Agroganadera Don Felipe como en los bosques de la zona.