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En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de ayer, el pleno dispuso el aplazamiento por una semana del estudio del proyecto de ampliación presupuestaria de G. 80.220.307.127, que ya cuenta con media sanción del Senado, pero no tenía dictamen de comisiones de la Cámara Baja, pese a que el martes pasado se reunió la comisión de Presupuesto, pero priorizaron otros temas.
No es la primera vez que la ampliación “coincide” con cuestiones que podrían afectar al oficialismo. Cuando debía tratarse en Senado, también fue postergado y se aprobó solo recién luego de que la denuncia por supuesta “persecución política” presentada por el expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, fue admitida para ser investigada.
En aquel tiempo, también desde la Cámara de Diputados, el cartista Yamil Esgaib había amenazado al fiscal general, Emiliano Rolón, diciendo que podían echarlo del cargo cuando ellos querían, a modo de presión para que dé trámite expeditivo a la denuncia de su líder Cartes.
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Ahora, la postergación coincide justo con el anuncio de Emiliano Rolón de la apertura de una investigación por presunta lesión de confianza contra su antecesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñónez, que dejó millonarias deudas que justamente se intenta cubrir con esta ampliación presupuestaria.
Deudas de Fiscalía corresponden a gestión de Sandra Quiñónez
Entre los mayores montos que corresponde a deuda de la anterior gestión y de los cuales depende el funcionamiento de las sedes fiscales a nivel país figuran por ejemplo G. 18.675.321.775, necesarios para el pago de alquileres atrasados.
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También se solicitan G. 6.000.000.000 para honrar la deuda con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), habiendo incluso amenaza de corte del suministro de energía eléctrica.
En cuanto a gasto corriente para contratación de personal, se otorga un monto adicional de G. 12.601.691.832, previstos para sumar a la institución a 568 funcionarios, de los cuales 8 son para el cargo de fiscal adjunto, 40 agentes fiscales y 120 asistentes fiscales.
Si bien la postergación era una posibilidad ya contemplada, ya que la iniciativa no contaba con dictamen de la Comisión de Presupuesto, requisito fundamental según el reglamento, es cuando menos llamativo e irresponsable por parte de los diputados incluir en el orden del día el tema, o al menos no haber apurado el dictamen en la comisión, como sí han hecho previamente con otros temas de interés.
El pedido de aplazamiento fue realizado por la diputada Cristina Villalba (ANR, HC), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que incluyó este proyecto entre un grupo de otras iniciativas.
También pasaron para tratamiento en una semana el proyecto de indemnización por hasta G. 24.000 millones a exobreros de Acepar y una ampliación para el programa merienda escolar de la Gobernación de Misiones consistente en G. 4.937.325.358.
Finalmente, también se aplazó por falta de dictamen el proyecto que pretende ceder al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el manejo del subsidio para adultos mayores, actualmente a cargo del extinto Ministerio de Hacienda (actualmente Ministerio de Economía y Finanzas).