Fuerza Aérea estima US$ 120 millones para la compra de nueve radares

El comandante interino de la Fuerza Aérea, Gral. Julio Fullaondo, informó ayer que existe un plan de compra de nueve radares que asciende a US$ 120 millones, enmarcado en la Ley 7151 que obliga la compra de equipos.

La Fuerza Aérea cuenta con un radar de corto alcance adquirido en el 2012 (foto de archivo).
La Fuerza Aérea cuenta con un radar de corto alcance adquirido en el 2012 (foto de archivo).

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El comandante interno de la Fuerza Aérea, Gral. de Div. Aer. Julio Rubén Fullaondo Céspedes, informó ayer que el Gobierno tiene en marcha una política de mejora en el equipamiento para el control del espacio aéreo nacional. Refirió que al plan está en etapa de evaluación de ofertas y la consecución del presupuesto para la compra de nueve radares.

El jefe de la FAP señaló a ABC que el proyecto se sustenta en la reciente promulgación del Poder Ejecutivo de la Ley N° 7151, del 22 de setiembre pasado, que implementa la obligatoriedad de adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares con alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional.

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El jefe de la FAP informó que el plan prevé la compra de nueve radares con sus respectivos sistemas de comunicación. El costo es de US$ 120 millones.

La ley establece que los radares deberán ser como mínimo primarios 3D, fijos o móviles y de mediano o largo alcance. Agrega que los radares deberán tener un alcance suficiente para cubrir todo el espacio aéreo nacional, a una altura mínima de 2.000 pies.

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Dos años de plazo para la compra de radares

Fullaondo refirió además que el proyecto, que establece el plazo de ejecución de dos años, prevé la compra de seis aviones “Super Tucano”, de origen brasileño. El costo total asciende así a US$ 300 millones.

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La Ley N° 7151 tiene por objeto establecer la efectiva vigilancia y protección de todo el espacio aéreo en el ejercicio de la defensa territorial, con el fin de evitar el tránsito de aviones de forma irregular que puedan estar involucrados en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y todo lo relacionado al crimen organizado y delitos conexos.

La autoridad de aplicación de la norma será la FAP en coordinación con la Dinac.

El documento establece que el Ministerio de Economía deberá incluir en el Presupuesto los recursos financieros necesarios.

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