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La polémica ley de control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) está provocando una “cataratas” de comunicados y rechazos de diversos sectores de la sociedad civil, del mundo de la política y de la economía. El proyecto cartista que comenzó entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ya data de hace casi un año, cuando comenzaron los primeros anuncios.
Vamos a remontarnos al 30 de noviembre de 2023, la por entonces senadora del Encuentro Nacional (hoy expulsada), Kattya González, dijo que había mucho que objetar en la propuesta porque era autoritaria, buscaba cercenar la libertad y una serie de derechos constitucionales.
Mencionó que la iniciativa surgió después que algunas ONG hayan hecho críticas al Gobierno y el oficialismo denunciara altos salarios de los “oenegeros”, pagados en parte con impuestos de los contribuyentes.
Destacó que las organizaciones no gubernamentales están inscriptas en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y sus fondos pueden ser trazables. “Hay que determinar las organizaciones no gubernamentales que se están dedicando al lavado de dinero. Este proyecto quiere silenciar las voces que cuestionan”, enfatizó.
Intento del cartismo se acentuó en diciembre
A punto de llegar al receso parlamentario, el 22 de diciembre, el líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio “Bachi” Núñez (hoy presidente del Congreso), presentó junto a sus colegas un nuevo proyecto de ley para controlar, sancionar y dejar sin fondos –público o privados– a las ONG y organizaciones sin fines de lucro (OSFL) no alineadas en las políticas estatales del oficialismo.
Básicamente, dijo que aunque una entidad civil reciba fondos privados, si se mete en temas sociales, podrá ser sometida y sus integrantes perseguidos. En cuanto a sanciones, señalaba que cualquier entidad podría ser multada desde cien a mil salarios mínimos mensuales, es decir, entre G. 268 millones a G. 2.680 millones. En el 2023, la intención del oficialismo no pudo avanzar.
Regreso de parlamentarios y el “reflote” del proyecto anti-ONG
El 17 abril de este año, uno de los férreos cartistas como lo es el senador Gustavo Leite, justificó el control a estas entidades, señalando que se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales, pero recibían dinero de Estados.
Además, indicó que estas entidades recibían dinero del extranjero con intereses políticos y que eran parte de “infiltraciones irresponsables”.
“Desde los 70′ y 80′ hubo una especie de idilio social con que las ONG eran entidades de beneficencia y fueron mutando a ser entidades de acción política, escondiendo sus verdaderos intereses y de dónde proviene la plata. Hoy, eso es una asimetría porque los partidos políticos estamos controlados”, puntualizaba.
En ese momento, el proyecto había sido girado a comisiones asesoras de la Cámara Alta.
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Primeros pronunciamientos contra la ley anti-ONG
Este avance sin pausa del oficialismo provocó la reacción de un sinfín de organizaciones que expresaron su rechazo. En junio pasado, representantes de siete organizaciones sin fines de lucro dejaron sentada ante los miembros de la Comisión de Legislación del Senado su rechazo a la intención que persigue el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG”.
Afirmaron que, con el proyecto de ley, se buscaba replicar controles a organizaciones sin fines de lucro que han tenido resultados negativos en países como Nicaragua, Venezuela, Perú y Rusia.
Agustín Carrizosa, presidente de la Fundación CIRD, dijo que no estaba en contra de que se controlara la gestión y cómo gastaban el dinero y consideró que existían ya suficientes elementos de control hasta ese momento.
También aclaró que muchas de las organizaciones recibían fondos internacionales y el control de la organización no dependía de ellos, sino de los convenios que tenían con esos países.
Afirmó que por tres o cuatro organizaciones que molestaban al Gobierno se estaría afectando a más de 6 mil organizaciones que van a ser reguladas por la ley, incluyendo a los Consejos Locales de Salud, las Juntas de Saneamiento, los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Asociaciones de Padres, sindicatos, clubes deportivos, inclusive partidos políticos.
Incluso el CIRD llegó a acusar al cartismo de difundir información manipulada que fue proporcionada a la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, conocida como comisión “garrote”.
Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, sostuvo que se quiere beneficiar a las fundaciones “amigas” del cartismo y desvíar la atención a temas como el crimen organizado. Dijo que incluso imitaba la propaganda Nazi y restringía el activismo como lo hacía el fascismo.
Audiencias públicas: lo que decían políticos y afectados
Vamos al mes de julio, en que se realizaron encuentros y uno de ellos fue una audiencia pública del 15 de julio. Del evento participaron varios parlamentarios, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes se veían afectados por esta iniciativa.
Durante la reunión, abogados constitucionalistas expusieron sobre la posible inconstitucionalidad de esta normativa. El diputado de Fuerza Republicana, Mauricio Espínola indicaba que con la aprobación de este proyecto, podría darse una excesiva intromisión del Estado en las actividades del sector privado. “Esto presenta una excesiva burocracia”, remarcaba.
“El DENIDE cumple este año 58 años de vida institucional y como se mantiene, se mantiene gracias al apoyo del Estado de un 33% de sus ingresos, 7% corresponde a las matrículas y cuotas de los alumnos”, dijo por su parte Marité Rasmussen, presidenta del Consejo de DENIDE.
En aquel momento, la abogada especialista en Derechos Humanos, Alejandra Peralta de Merlo, explicó que la ley ocultaba en sus intenciones la futura reglamentación, ya que se remitiría sin conocerla, lo que dejaría al arbitrio de quienes estaban en el Gobierno de turno.
El diputado liberal, Antonio Buzarquis, indicó que pareciera ser que querían una ley a la medida para comenzar a marcarle a ciertos actores y comenzar una cacería de brujas. “Tengo bastante miedo de que aprobemos una ley que sea instrumentada como un garrote político para perseguir a adversario”, remarcó.
Surgieron más críticas y comunicados
A mediados de 2024, la Cámara de Comercio Paraguayo- Americana (AMCHAM) criticó las exigencias por ser onerosas y porque, a criterio de sus autoridades, violaba el secreto bancario con la publicación de datos.
“Por matar unos pájaros, asfixia a todas las ONG. Se van a dejar sin incentivos a los que quieran gerenciar las organizaciones”, resaltó.
Al menos 81 organizaciones no gubernamentales emitieron un comunicado en conjunto. “Manifestamos nuestra profunda preocupación con respecto al proyecto de ley, así como los hechos y exposiciones en el Senado, donde dejaron evidenciado muchas intenciones”, expresa el documento.
Las ONG reconocen y apoyan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, ya presentes en varias instancias del gobierno, pero critican la iniciativa legislativa actual, afirmando que no contiene lineamientos adecuados en este sentido. En cambio, consideran que impone medidas, obstáculos y restricciones que atentan contra derechos y principios fundamentales garantizados en la Constitución Nacional, restringiendo el funcionamiento y la sostenibilidad de todo tipo de organizaciones civiles.
Propusieron la creación de una mesa de diálogo que incluya representantes del Gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para discutir alternativas. También llaman a la ciudadanía a informarse, organizarse y participar activamente en este proceso fundamental para el cuidado y fortalecimiento de la democracia y la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. “Queremos vivir en plena democracia”, concluyeron.
La ONU también se pronunció contra la ley anti-ONG
La propuesta comenzó a avanzar en el Congreso. Al respecto, según la oficina de Naciones Unidas, el proyecto de ley que buscaba establecer mayores controles a las organizaciones civiles tendría un “impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil en el país”, además de obstaculizar el ejercicio de la libertad de asociación y expresión.
“El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a solicitar, recibir y utilizar recursos esenciales para operar efectivamente”, añadió, la portavoz Marta Hurtado.
Por su parte, Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, dijo en su cuenta de X que le había envió una carta a Santiago Peña.
“Envié una carta al presidente Santiago Peña sobre el texto aprobado en Cámara de Senadores para el control y transparencia de las OSFL, y que pasó a sanción presidencial. A pesar de que el texto parece mejor que el original, aleja a Paraguay de los estándares internacionales DD.HH.”, posteó.
La primera aprobación en el Senado
Pese a todas las posturas en contra, el cuestionado proyecto de ley “anti-ONG” fue aprobado el 9 de julio por la Cámara de Senadores.
Sin embargo, el 13 de septiembre pasado, el presidente Peña criticó la propuesta por tener “errores muy grandes” y no descartó vetarla. Reveló que Ejecutivo estaba preocupado y calificó de inaplicable la iniciativa.
Ese mismo mes la Cámara de Diputados tenía pendiente de tratamiento del proyecto, y más aun porque tenía sanción automática el 9 de octubre.
Pero 30 de setiembre proyecto fue devuelto por el Poder Ejecutivo con varias modificaciones para que sea analizado en el Parlamento
Peña planteó cambios tras reclamo de afectados
En lo que se refiere a las modificaciones hechas por Peña, el Ejecutivo excluyó a las asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, estudiantiles, las comisiones vecinales, junta de saneamiento, especialmente en los departamentos, en las regiones y las instituciones que sí están como sujetos obligados al control.
“La propuesta del Ejecutivo de la sanción o la multa se elimina completamente, y en cuanto a la sanción de inhabilitación, baja considerablemente hasta 5 años”.
Estas variantes fueron introducidas por los Diputados el 1 de octubre con la aprobación y remitida nuevamente a la Cámara Alta.
Leite tildó de “boludeces” los cambios que sugirió Peña
ABC accedió a un audio que fue remitido aparentemente por error a un grupo en WhatsApp, ya que posteriormente fue borrado, desde el cual se escuchaba a Gustavo Leite.
El legislador, que reconoció que el audio era suyo, dijo que se incluía “unas boludeces que pidió Santi”.
Senado dio su “ok” a la versión Diputados
Finalmente, el 9 de octubre, por 31 votos a favor del texto de la versión Diputados, 1 voto por la versión del Senado, 10 votos por el rechazo de ambas versiones, 1 ausente y dos abstenciones, la Cámara de Senadores sancionaba el proyecto de ley de control a las ONG.
A partir de esa fecha se aguarda si Santiago Peña veta o promulga la ley.
Los pedidos por el veto a ley anti ONG y advertencias de sus consecuencias
Desde inicio de octubre numerosos grupos comenzaron a pedir a Peña que vete la ley. A través de un comunicado dirigido a Peña, el Grupo Impulsor de OSC en defensa de la democracia se pronunció.
“Consideramos que es una ley que pretende anular el carácter participativo y pluralista de nuestro sistema democrático y pone en riesgo el valorado grado de inversión”, dijeron.
La Asociación de Empresarios Cristianos opinó que el proyecto “impone requisitos desmesurados que ponen en riesgo la libertad de asociación, un derecho consagrado en nuestra Constitución”.
Agregó que “eventuales sanciones arbitrarias y discrecionales no solo afectarán la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro, sino que también debilitarán el tejido social construido con años de trabajo”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la aprobación del proyecto de ley cuya aplicación podría obstaculizar y restringir el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay y exhortó al Poder Ejecutivo a considerar normas y estándares interamericanos de derechos humanos.
Pidió a Peña analiza la promulgación o vetar el proyecto. Además, advirtió que el planteamiento introducía procedimientos y trámites adicionales a los ya existentes, que podrían generar cargas administrativas excesivas sobre las organizaciones.
Yan Speranza, director de la Fundación Moisés Bertoni, argumentó que esta normativa representa un riesgo para la libertad de asociación y expresión. “Hay muchas voces nacionales e internacionales que están señalando los peligros que significan este tipo de leyes”, explicó, refiriéndose al más reciente informe de la calificadora Fitch Ratings, que advirtió que la ley “debilita las protecciones” para estas libertades fundamentales.
Reacción de calificadora internacional Fitch Ratings
Precisamente, en su última evaluación, Fitch Ratings mantuvo a Paraguay por debajo del grado de inversión. Entre los factores que influyeron en esta decisión se destacó la preocupación de la calificadora por la Ley Anti-ONG.
Según, dice esta normativa debilitaba las protecciones constitucionales de la libertad de asociación y expresión, lo que podría afectar la percepción de riesgo del país para los inversores.
La Cámara Paraguaya de la Industria de Softwere (CISOFT), Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), Cámara de Comercio Paraguayo Americano, Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE), Club de Ejecutivos del Paraguay, Pacto Global-Red Paraguay, Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), Asomipymes, Federación Paraguaya de Mipymes, IDEA, Horizonte Positivo, Denide, Alda Fundación , Aso Becal, Fundación Amchampy, SAP, entre otras organizaciones más, también pidieron el veto porque temen que Paraguay retroceda hacia la exclusión y la desigualdad, e instan a que se apueste aconsolidar las instituciones inclusivas.
Organizaciones afectadas en números
Para tener en cuenta el alcance de la ley sancionada se puede mencionar que organizaciones como la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes) cuenta con 250 socios, de los cuales el 80% son del sector industrial y el 20% se dedica a servicios y comercios.
Otras como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) tiene 2.436 socios activos y el Club de Ejecutivos del Paraguay cuenta con 650 miembros.
Una de las más numerosas es la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), que tiene más de 6.000 socios en todo el país.