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El diputado cartista y miembro de la comisión “garrote” Rodrigo Gamarra, días atrás, reaccionó de forma virulenta ante la publicación sobre los privilegios del presidente de la República, Santiago Peña, coaccionando al Ministerio Público para que impute a quienes, supuestamente, pusieron en riesgo la seguridad del mandatario. Posteriormente, planteó la necesidad de una ley mordaza contra la prensa, similar a la ley 209 del stronismo
“Esta ley atenta contra uno de los pilares básicos de la democracia, que es garantizar una prensa libre. Esta nueva propuesta solo busca perseguir a la prensa crítica, menoscabando la libertad de expresión. Como ya lo dijimos cuando se debatió la Ley Anti-ONG y la Comisión Garrote, esto es un paso más en la serie de ataques contra las libertades y los principios democráticos”, dijo el senador Rafael Filizzola del PDP.
El senador consideró que, desde una perspectiva constitucional, el marco regulatorio de la prensa es muy claro. Mencionó que la Constitución Nacional establece en su Artículo 28 el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz; en el Artículo 26 se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión, sin censura alguna; y el Artículo 29 establece el principio del periodismo responsable y que la responsabilidad de las publicaciones corresponde al director del medio.
Insistió en que, además, nuestra legislación no tipifica delitos de prensa, sino delitos que pueden cometerse a través de los medios de comunicación, como la difamación o la calumnia. Añadió que si alguien se siente afectado por una publicación, puede acudir a la vía penal por difamación y calumnia o a la vía civil para solicitar una reparación del daño.
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“Para completar el marco constitucional, además del derecho ciudadano a recibir información veraz y oportuna, la Constitución establece la obligación de los medios de prensa de contar con una dirección responsable y el derecho de réplica para cualquier persona que se sienta afectada por una publicación, lo que implica también la obligación del medio de comunicación de concederlo”, dijo el senador opositor.
Recordó y resaltó Filizzola que en Paraguay no existe censura previa. “Eventualmente, las publicaciones pueden generar consecuencias, que pueden ser penales o civiles. Sin embargo, repito que la tendencia en otros países es despenalizar estas conductas y tratarlas en el ámbito civil”, enfatizó.
Mencionó que, en la actualidad, la tendencia global es la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injuria, dejando estas cuestiones en el ámbito civil. Estos casos se resuelven por la vía civil, a través de procedimientos tendientes a la reparación del daño.
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Para el senador, la Constitución es muy clara y establece un marco legal que, por un lado, protege la libertad de prensa, pero por otro lado protege también el derecho de las personas a aclarar situaciones que sean publicadas mediante el derecho de réplica, si se sienten perjudicadas por esa publicación. “Incluso pueden demandar, tanto penalmente como civilmente al director del medio o al periodista, de hecho existen varios antecedentes. Así que yo no creo que se necesite una ley de prensa y, al contrario, creo que se deberían despenalizar los delitos de difamación, calumnia e injuria”, insistió.
También refiere que la Constitución es muy clara en su Artículo 26 es claro al señalar que “no se dictará ninguna ley que imposibilite o restrinja la libertad de expresión y de prensa”. Por lo tanto, la iniciativa de una ley de prensa es claramente inconstitucional.