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El hermano del diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno, se somete a este proceso tras innumerables chicanas jurídicas que le permitieron pasar las fiestas de fin de año en la comodidad de su casa.
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos estará conformado por los jueces; Matías Garcete (presidente), Elsa García y Ana Rodríguez Brozon.
EL CASO
El intendente cartista, acusado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio porque presuntamente usó G. 50.000.000 de fondos municipales para pagar la primera cuota de una camioneta de uso personal. La acusación señala que Hilario Adorno adquirió una camioneta con un cheque de la Municipalidad de Puerto Casado, luego se autoasignó salario en enero, pero correspondiente a febrero y marzo.
Un año de impunidad
Hace un año, los fiscales Luis Piñánez y Carlomagno Alvarenga acusaron al jefe comunal de Puerto Casado el pasado 6 de febrero por el hecho punible de administración en provecho propio, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel. Durante todo el 2024, Hilario Adorno, primero chicaneó innumerables veces para evitar su audiencia preliminar, y, cuando se le acabaron los recursos jurídicos, también recusó al Tribunal de Sentencia por supuesta falta de objetividad porque los jueces autorizaron el ingreso de periodistas durante la audiencia.
Posteriormente, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción rechazó la recusación planteada Adorno, contra los jueces de Sentencia, Matías Garcete (presidente), Elsa García y Ana Rodríguez Brozon.
Lo que dice la CGR
En el informe preliminar de 117 páginas emitido por la Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, se describe un patrón grave de posibles irregularidades en la asignación y documentación de gastos, destacando especialmente los gastos sin respaldo, obras incompletas o inexistentes, cheques endosados y cobrados por funcionarios municipales y cheques al portador en la Municipalidad de Puerto Casado, administrada por el cartista Hilario Adorno.
Asimismo, el equipo auditor indica que tuvieron como principal limitación en el trabajo la falta de provisión de los documentos en tiempo y forma, en donde la provisión de la documentación fue de manera desordenada, con varios documentos ilegibles de parte de la administración.
Al profundizar cada ítem, se evidencia que G. 1.175 millones fueron pagados a “constructoras vip” que aparentemente incumplieron con sus contratos. Se identificó a las constructoras: Casa Roca cuyo titular es Abel Núñez; Ñandutí Construcciones, propiedad de Ramón Ferreira, y Construmaster de Arnaldo Ferreira, quienes accedieron a contrataciones directas sin pasar por una licitación pública.
Asimismo, efectivizaron los cheques los funcionarios municipales: Samuel Pereira (administrador), José Adorno Giménez (cajero y sobrino del intendente), Sergio González Bareiro (chofer del intendente) por G. 6.229 millones y encontraron cheques al portador por G. 763 millones.
