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En la Cámara de Diputados, el miércoles pasado ingresó una nota mediante la cual se formula denuncia para pérdida de investidura contra el diputado cartista Leonardo Saiz, del departamento de San Pedro, por el supuesto hecho de tráfico de influencias. El documento tiene la firma del representante de la firma Americana Agropecuaria S.A., Diego Troche.
En la nota se menciona que el 4 de febrero pasado (martes), Saiz fue sorprendido infraganti presionando al presidente del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, juez Fernando Benítez Franco, para manipular una medida cautelar en el marco de un juicio civil por tierras de una estancia, ubicada en Corpus Christi.
El legislador cartista fue descubierto por los abogados de la firma, Julio Godoy y Aldo Gabilán, dentro del despacho del magistrado, con el expediente sobre el juicio en mano, según la denuncia.
El abogado Godoy contó esta mañana en ABC que constataron que, el martes pasado, la jueza Norma Fleitas, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno, concedió, a través de una maniobra “arbitraria”, un recurso de apelación con efecto suspensivo, anulando una resolución que favorecía a la firma.
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Descubierto presionando a juez
Explicó que, con su medida, la magistrada le restituía la posesión de las tierras en disputa a un administrador judicial de nombre Christian Aguayo, quien —dijo- es “protegido” de Saiz.
La acción de la jueza fue concedida para apelación ante el despacho del mencionado magistrado Fernando Benítez, acotó el abogado.
En respuesta a dicha medida, Godoy mencionó que con su colega Gabilán fueron hasta el despacho del juez de apelación y descubrieron dentro al diputado Saiz, quien —dijo— tenía en manos el expediente sobre la causa de disputa de tierra en cuestión.
“Le encuentro con el expediente en la mano, con ‘las manos en la masa’. Está en el circuito cerrado. Yo le dije al juez que quería saber qué hacía el diputado ahí y con mi expediente. Luego, me recibe el juez y se escapó por atrás el diputado”, comentó.
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Juez no se dejó presionar
Finalmente, el juez Benítez reconoció el actuar irregular de la magistrada Fleitas y le prometió que no se iba a dejar influenciar por la presión del parlamentario, por lo que iba a impulsar la anulación de la resolución de la jueza, según informó el abogado.
“Nosotros llegamos 20 minutos antes de que se cocine todo, fue una coincidencia. Cuando las cosas te tienen que salir bien, te salen bien”, expresó Godoy.
La jueza Fleitas, conforme consta en la denuncia ante la Cámara Baja, revocó su providencia “a cuyo dictado también fue presionada”.
Una organización mafiosa
En el documento de acusación se afirma que el diputado Sainz, en conjunto con abogados litigantes en la disputa de tierra, el exjuez de Yuty Miguel Ángel Riquelme, el fiscal de Lambaré Eugenio Ocampos, la jueza de Katueté Josefina Gunsett y otros vienen operando desde hace tiempo para apoderarse de la “Estancia Americana”, la cual el denunciante reclama como propiedad de la firma.
Además, resalta en el documento que “esta organización constituye una mafia fenomenal en la jurisdicción de Salto del Guairá y Katuete, departamento de Canindeyú, iniciada por la jueza Gunsett, protegida en el JEM por el diputado Orlando Arévalo, la doctora Alicia Pucheta y otros, y que ahora se extiende o tratan de recurrir a jueces incompetentes de otras jurisdicciones para lograr sus objetivos”.
Agrega: “Es una modalidad que atenta contra la propiedad privada y procura despojo, utilizando la estructura parlamentaria, judicial y fiscal del propio Estado. Este esquema se repite en toda la República”.
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Buscan apoderarse de la cosecha
Al respecto, el abogado Godoy resaltó que la intención inmediata de dicha organización denunciada es apoderarse de la cosecha de cultivo actual y repartirse el dinero obtenido por la misma.
“Es una guerra de larga data. Hoy en día estamos en plena época de cosecha y ellos lo que quieren es apoderarse. Se están repartiendo toda la plata entre ellos”, mencionó.
Involucran a Arévalo y Derlis Rodríguez
Con relación al vínculo del diputado Arévalo -salpicado en #LaMafiaManda- en este supuesto esquema criminal, dijo que los pedidos de enjuiciamiento en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra jueces y fiscales por presunto actuar irregular en el marco del juicio por las tierras fueron “archivados y congelados” durante la presidencia del cartista en dicho órgano estatal.
“No se le tocó a ninguna sola fiscal o juez en su momento cuando el señor Arévalo era presidente del JEM. Más que obvia era esa situación. Y, según mi cliente, también estaba involucrado Derlis Rodríguez (diputado cartista). Es una rosca mafiosa”, apuntó Godoy.
El abogado, asimismo, subrayó que se trata de una “rosca mafiosa” que cuenta —para defenderse de medidas judiciales que van en contra de sus intereses— con un “ejército de indígenas” armados que opera bajo las órdenes de Christian Aguayo, a quien había calificado de “protegido” de Saiz.
Este brazo armado de la organización no permite el ingreso de fiscales ni que se adopten medidas de fuerza, como la posesión de la firma de las tierras, según cuestionó.
