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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un recurso de apelación contra la sentencia que le exige revelar los nombres de los financistas del evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), llevado a cabo en Paraguay en diciembre de 2024. La decisión judicial, emitida por el juez Miguel Ángel Palacios, otorga un plazo de cinco días hábiles a la Seprelad para hacer pública la información, que se cumple este próximo miércoles.
La apelación, presentada el viernes 7 de febrero a las 20:49 horas, busca revertir esta orden judicial, argumentando que la divulgación de los datos afectaría la privacidad de los aportantes y pondría en riesgo la seguridad de los oficiales de cumplimiento.
Importante sentencia
La sentencia del juez Palacios se dio en respuesta a un recurso de amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada, tras la negativa de la Seprelad de responder a un pedido de acceso a la información pública.
El juez determinó que la negativa de la Seprelad a informar sobre el origen de los fondos utilizados para financiar el evento de Gafilat no tenía sustento legal. Palacios argumentó que los datos solicitados, es decir, quienes aportaron al evento, cómo y bajo qué condiciones, no están amparados por ninguna ley que disponga su carácter secreto o reservado.
Además, el juez señaló que si bien existe un derecho a la intimidad, en este caso, el interés público de conocer el origen de los fondos debe prevalecer, considerando que el evento fue de notoria difusión pública.
La sentencia dio un plazo de cinco días hábiles a la Seprelad para revelar los nombres y detalles de los aportantes, plazo que vence el próximo miércoles 12 de febrero.
Paupérrima apelación
En su recurso de apelación, la Seprelad argumenta que la sentencia del juez Palacios incurre en varios errores de interpretación.
La institución, a cargo de la ministra Liliana Alcaraz, alega que el juez consideró erróneamente que la institución está obligada a entregar cualquier información que obre en su poder, independientemente de si fue generada por sus funciones misionales.
La Seprelad defiende que los datos solicitados son de carácter privado y, por tanto, argumenta que el juez no reconoce la protección legal de los datos patrimoniales privados de los aportantes.
En otro argumento esgrimido en el texto y que podría dejar un nefasto precedente si se diera lugar, la Seprelad señala que el “derecho a la autodeterminación informativa” faculta a los aportantes, a decidir si se hace público o no, ignorando que hablamos de labores de interés público.
La institución a cargo de Alcaraz, en su afán de ocultar información, defiende que rendir cuentas sobre los aportantes “no pueden considerarse datos de interés general” y se opone al razonable criterio del juez Palacio que indica que el aporte voluntario de los financistas implicaba un consentimiento tácito para hacer públicos sus datos.
La Seprelad argumenta que la orden de entregar el listado de participantes en el evento, incluyendo los datos de los oficiales de cumplimiento, vulnera los principios de confidencialidad y protección de datos.
Inusitado secretismo
El abogado Ezequiel Santagada señala que aún no ha realizado un análisis detallado del escrito de apelación de la Seprelad y que esperará a que el juzgado declare formalmente admisible la apelación y les corra traslado.
Sin embargo, le llama la atención que sea la propia ministra Liliana Alcaraz quien firme un escrito que argumenta en contra del acceso a la información pública.
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Según Santagada, la apelación muestra un “inusitado énfasis en el secretismo” y considera que algunos de los argumentos presentados son “bastante endebles”
Además, reafirma que el problema central es que la Seprelad ha ocultado información sobre el origen de los fondos utilizados para financiar el Quincuagésimo Pleno de Representantes del Gafilat, y que esta actitud no tiene sustento legal.
