Fiscal general Emiliano Rolón y juez Osmar Legal, llamados ante la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso aprobó invitar a sesión extraordinaria la próxima semana al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y -a pedido del cartismo- al juez Osmar Legal, para que informen sobre las acciones ante el escándalo por los chats obtenidos mediante pericia del celular del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. La Constitución exime a jueces de rendir cuentas al Parlamento. Los invitados, de concurrir, decidirán si quieren que el encuentro sea público o reservado.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la fecha.
Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la fecha.Alejandro Acosta Britez

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Ante la propuesta inicial del Bloque Democrático de la Cámara de Senadores, se aprobó en la Comisión Permanente del Congreso invitar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Seguidamente, el senador -satélite cartista- Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA) -admitiendo previamente su ignorancia jurídica- también apuntó contra el juez Osmar Legal.

La reunión será el próximo miércoles 19 a las 9:00 en una extraordinaria de la Comisión Permanente. Los invitados definirán si quieren que la sesión sea reservada o abierta al público, debido a que los cartistas estuvieron interesados en que la conversación sea secreta.

El senador José Oviedo (Yo Creo) fue el que se hizo cargo de la propuesta, que tuvo varios intentos del cartismo de poner el palo en la rueda, como el caso del diputado cartista Esteban Samaniego, que primeramente trató de imponer que la sesión sea secreta, aunque varios de sus colegas le remarcaron que la ciudadanía necesita saber qué dicen sus autoridades respecto a este tema tan grave.

“Le recuerdo a la ciudadanía que abogado no soy, pero leí en los medios o no sé si malinterpreté, de que aparentemente... ¿la cadena de custodia pio se dice? Fue afectada al propalarse estos mensajes. Entonces hay un juez estrella (Legal) que en estos días es protagonista de los chats publicados, que me parece que el senador Oviedo -o esa bancada que se reunió- se olvidó de incluir en esa nota. Habría que traerlo también para que se careen, para que estén frente a frente”, dijo Amarilla.

Un largo tiempo de la sesión se empantanaron en definir la fecha de la convocatoria y si debía ser reservada o no la audiencia. “Solicito si en vez de una sesión extraordinaria, no podría ser una reunión reservada del Congreso”, planteó inicialmente el diputado Samaniego, que luego corrigió y sugirió que se sesión de la Comisión Permanente, abierta a todos los legisladores que quieran acudir, para luego allanarse a la propuesta de que sean los invitados si quieren hacer el encuentro abierto o no la ciudadanía.

Otro que intentó que la sesión sea reservada es el diputado aliado cartista Santiago Benítez (reemplazante del difunto Eulalio “Lalo” Gomes), que dijo supuestamente no habría que exponer públicamente cuestiones de procedimiento en causas abiertas.

“Me encantaría que la sesión sea pública, yo también tengo unas cuantas preguntas para el fiscal general del Estado y así como propusieron, tengo también demasiadas preguntas contra el juez Osmar Legal, pero lastimosamente la Constitución Nacional y las leyes establecen que no se puede... El Fiscal General no está subordinado ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, es un órgano independiente y según el Código Procesal Penal, artículo 303, publicidad de actuaciones solo se permite en la etapa de juicio oral, antes no. mi criterio es que sea reservada”, dijo el diputado colorado.

Quieren saber “de qué lado del charco está” el Fiscal General

Diputados opositores y colorados disidentes apelaron a hacer abierta la sesión, destacando que lo que pretende observar es la actitud que tiene el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón que hasta ahora, en la única entrevista que dio, se mostró sometido y hasta casi entregado a la clase política.

“A mi no me gustaría que sea reservada esa sesión. A mi me parece que la ciudadanía está esperando un mensaje del Fiscal General para saber un poco de qué lado del charco está en esta historia, para tener una postura clara del Ministerio Público”, respondió el diputado Raúl Benítez (Independiente), remarcando que es un hecho que Rolón no informará sobre operativos en curso, pero sí debería de sentar postura clara sobre qué acciones tomar con los implicados, ya que hasta ahora “es más los que no se está haciendo que lo que se está haciendo”.

Por su parte, el diputado colorado disidente Daniel Centurión, líder de la bancada de Fuerza Republicana dijo querer “ver un actitud distinta de estas instituciones, principalmente del Ministerio Público”, destacando que, a su criterio, pese a que actualmente la “investigación está enrarecida porque hay pescadores de río revuelto y están contaminado políticamente, (...), la ciudadanía merece la verdad”.

Centurión enfatizó que más que verle al Fiscal General, quieren “que haga lo que tiene que hacer con este caso” y que la justicia investigue “caiga quién caiga”, y remarcó que hasta ahora no ve compromiso institucional de la Fiscalía, sino que ven “juego perverso y politizado”.

“A mi lo que que más me preocupa es el compromiso institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque ahora ya empezamos a entrar en el vyrorei, y voy a hablar como colorado. Ahora encontramos una cuerda y porque somos disidentes tenemos que estirar fuerte porque ese le va a apretar el cuello a Horacio Cartes, o salta otra cuerda y ese hay que estirar porque le aprieta el cuello a Marito (Abdo Benítez) y nos estamos empantanando en eso”, dijo alegando no querer transformar esto en una pelea interna de la ANR, sino que se investigue seriamente.

Vallejo se despachó contra inoperancia de Emiliano Rolón

“Yo la verdad que les admiro colegas por la esperanza que tiene de que el Fiscal General venga a decir algo, sea reservada o no la sesión. Es una persona que lo único que hace es dar clases de Derecho Penal. Estamos cansados ya de sus clases. No tengo la esperanza que venga a decir absolutamente nada. Entonces acá lo que necesitamos son acciones”, comenzó cuestionado Vallejo, que luego remató: “Yo no tengo esperanza de que diga absolutamente nada porque no hace absolutamente nada”.

La legisladora, que además es exfiscal, remarcó que lo que se esperan son acciones concretas (como allanamientos o incautación de celulares) más que discursos por parte de la Fiscalía, ya que el país está en crisis por este caso que afectó la institucionalidad de la República.

“¿Qué lo que hicieron los fiscales asignados con relación a lo que realmente nos interesa que son las causas? ¿Explicó el FGE cuántos son los celulares incautados?, ¿dónde están esos celulares?, ¿quiénes están haciendo las pericias?, ¿cuales son los fiscales asignados?. ¿Ustedes creen que algo de eso va a venir a decir alguna de esas acá”, sostuvo, exigiéndole que responda a la ciudadanía o si no “que se vaya”.

La Constitución exime a jueces de rendir cuentas al Parlamento

El pedido del senador Dionisio Amarilla de incluir al juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal en la invitación, riñe con los artículos 192 y 193 de la Carta Magna, que excluye a jueces de los obligados incluso a responder pedidos de informes o incluso de ser interpelados. El planteamiento de la Comisión Permanente evade la limitación alegando que es una “invitación”, es decir, sin obligación legal de comparecencia.

En tal sentido, el artículo 192 de la Constitución, sobre los pedidos de informes, impide incluso utilizar dicha vía para requerir datos a jueces, señalando taxativamente: “Las Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la actividad jurisdiccional”.

El artículo siguiente, el 139 de la citación e Interpelación también hace una exclusión taxativa para funcionarios del Poder Judicial. En el último párrafo de dicho artículo se señala que “no se podrá citar, ni interpelar al Presidente de la República, al Vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.

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