Cargando...
El abogado Rodrigo Yódice, especialista en libertad de prensa y acceso a la información, opinó sobre los dichos del fiscal general, Emiliano Rolón, quien dejó entrever la posibilidad de que se abran carpetas de investigación penal a medios y periodistas que ventilan cómo se manejaban salvatajes dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Para el jurista, no deberían nacer del Ministerio Público “intimidatorias acciones penales a medios”, pues con esto solo demuestran que es su manera de evitar que el pueblo conozca lo que debe conocer.
Según Yódice, si la Fiscalía General sigue por ese camino, se generaría impunidad para quienes pretenden tutelar intereses del crimen organizado.
Lea: Defensa de Arévalo insiste en acceder a chats del caso Lalo Gomes, tras rechazo de fiscales
“Sería una torpeza”
“Sería una torpeza que se generen procesos contra los medios. Espero que haya sido un lapsus del fiscal Emiliano Rolón, o un apego al sacramentalismo de las formas”, expresó el abogado.
Enfatizó que con la información divulgada los medios se están haciendo eco de evidencias obtenidas de manera lícita.
Al consultársele si hay razones para pensar que los periodistas terminen inculpados en la causa relacionada a los chats de Eulalio Lalo Gomes, Rodrigo Yódice recordó el anterior caso de los audios filtrados del JEM.
Recordó que en ese momento, el Poder Judicial buscó fuentes independientes que sostengan hipótesis delictiva del Ministerio Público, por eso no habían ingresado como prueba los audios, pero sí fuentes independientes. Sin embargo, en este caso, los chats provienen de una fuente cognoscible.
Leer: Santiago Peña: los hermanos Alcaraz “siguen gozando de mi confianza”
“Está por encima el interés general”
Opinó que si el fiscal está siendo asesorado para iniciar causas contra medios, “debería reexaminar qué asesoramiento recibe”.
Si bien reconoció que el procedimiento realizado a la casa de Eulalio Lalo Gomes “no fue un ejemplo”, pues derivó en una muerte, la incautación de las pruebas sí tiene un control sobre los elementos sometidos a peritaje.
Por tanto, para Yódice, en el resultado de la pericia “está por encima el interés general de la gente a conocer lo que resultó de ese procedimiento”.
La labor del magistrado, a criterio del abogado entrevistado, es recibir el producto de un acto definitivo y verificar cuáles son las informaciones vinculadas con la investigación, separando las que no tengan nada que ver.
Elementos obligaban a instar acción penal
No obstante, lo que ocurrió, según el jurista, es que al hacer la verificación, el funcionario judicial encontró “elementos que le obligan a instar vía denuncia una acción penal”, porque así lo establece el artículo 286 del Código Procesal Penal.
En este mismo sentido, enfatizó que fue la información la que permitió sostener el indicio razonable de sospecha de hecho punible.
Que a partir de esa acción la prensa tenga acceso a la información, “en ningún caso está por encima del interés general de la gente a conocer lo que resultó del procedimiento”, puntualizó el experto.
En el caso de que esté comprometida la intimidad de las personas, recomienda que la acción del Ministerio Público en todo caso sea por violación a la intimidad.
Más info: Cuál es la “trampa mortal” del cartismo detrás del escándalo #LaMafiaManda, según abogado
¿Realmente se habla de la intimidad de implicados?
Pero en este sentido el abogado se preguntó si realmente se habla de la intimidad de las personas, o de asuntos que interesan a la nación.
Se cuestionó hasta qué punto puede ser privado lo que funcionarios representan a un poder del Estado hablan en un chat, sobre todo cuando en esos mensajes están hablando de cuestiones que hacen a la administración de Justicia.
Para el abogado, en la tensión entre intimidad e interés público, siempre prevalecerá el derecho de la gente, pues así lo establece el artículo 33 de la Constitución Nacional.
Recordó además que la familia de Eulalio Gomes, que en todo caso sería la agraviada en su intimidad, ya expresó públicamente que revelarán el contenido de los mensajes.
“Si la conducta puede ser perseguible mediando instancia de la víctima, y la víctima ya está diciendo que no tiene problemas en dar a conocer chats, ¿por qué la Fiscalía del Estado podría estar por encima de lo que la ley dice?”, se preguntó Rodrigo Yódice.
Responsabilidad recaerá sobre fiscales que violen la ley
En caso de que el Ministerio Público insista con la “torpeza”, de abrir investigaciones a periodistas, el abogado advirtió que la responsabilidad recaerá sobre los fiscales que violen la ley.
En caso de que ocurriese la persecución a la prensa, el abogado adelantó que se tienen elementos para defender el derecho de los periodistas a difundir información.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo en una entrevista que no daría “una respuesta populista”, sino que actuaría con las reglas de derecho.
Enfatizó que nadie estaba exento de ser investigado y que en la búsqueda de información, buscarán llegar hasta ese “alguien”, que filtró la información de los chats.
En definitivas, el jefe del Ministerio Público se mostró más preocupado por la “filtración” de los mensajes, que por los hechos de prevaricato, cohecho agravado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia que se descubrieron mediante esas conversaciones.
