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Un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó ayer la sentencia que obligaba a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a entregar información sobre el 50º Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizado el año pasado en nuestro país. Esto se produjo en respuesta a un recurso de amparo promovido por el abogado Ezequiel Santagada.
La Seprelad había respondido parcialmente al pedido de información pública de Santagada, al dar a conocer en redes sociales sobre las entidades públicas y privadas que financiaron el evento, aunque solamente en una lista de nombres y no con la totalidad de los datos solicitados.
El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y María Belén Agüero Cabrera, admitió ayer el recurso de apelación de la Seprelad y le dio la razón, bajo el argumento de que la entidad ya había contestado al abogado.
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Cuestiona argumento de Tribunal que dio la razón a Seprelad
Esta mañana, Santagada cuestionó los argumentos del Tribunal, principalmente el punto referente a que es un amparo constitucional.
“La ley de acceso a la información pública establece una acción judicial, que por todas sus características es muy similar —en cuanto a su procedimiento— al de juicio de amparo. Justamente, para despejar cualquier tipo de dudas, cuando la ley entra en vigor, la Corte promulga la Acordada N° 1.005 y dice que ante las negativas o respuestas evasivas a solicitudes de acceso a la información, la acción judicial del Artículo 23 tramitará según el procedimiento del juicio de amparo”, mencionó.
Dos precedentes
Agregó que dicha acordada fue cuestionada por varias instituciones, por lo que la Corte ya se pronunció en varias oportunidades al respecto.
“Las dos más importantes diría que son el AS N° 11 por el cual se hicieron públicas las declaraciones juradas, donde la Corte dijo que no es un amparo constitucional, es uno de acceso a la información que no requiere, para su procedencia, que se cumplan los requisitos del Artículo 134, se utiliza simplemente las reglas de procedimiento para tramitar la acción, nada más, basta la mera negativa”, dijo.
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“Recientemente, en un fallo del caso de Maricarmen Sequera contra el MOPC, la Sala Constitucional en su actual composición dijo exactamente lo mismo: la Acordada 1.005 regula cuál es el procedimiento, los plazos, las formas y los efectos de los recursos de tramitar un amparo de acceso a la información, pero no requiere que se cumplan los requisitos de amparo constitucional”, prosiguió.
Tribunal ignoró a la Corte
En ese sentido, cuestionó que el Tribunal que hizo lugar a la apelación de Seprelad argumentó que el amparo que había promovido no cumple con los requisitos del amparo constitucional. “O sea, ignoró olímpicamente las decisiones previas de la Corte”, añadió.
A la vez, criticó que el Tribunal le señaló en su fallo “más o menos lo siguiente: ‘¿qué tanto lo que te quejás si te respondieron? Si no te gusta la respuesta es problema tuyo, pero ya te respondieron’. Palabras más o menos, eso es lo que dice el doctor Arias, quien expuso el voto mayoritario y los otros se adhirieron”.
Resaltó que las reglas del juicio de amparo establecen que cuando se hace lugar a dicha acción en primera instancia, lo que dicta esta ya se debe cumplir, más allá de una apelación.
“Los jueces se pasan por donde no les da el sol la resolución de la Corte o no conocen absolutamente la norma que están aplicando. O bien, fueron vilmente operados”, dijo.
Recurrirá a la Corte
Santagada, igualmente, anunció que prevé recurrir a la Corte, invocando los preceptos que establece la Acordada N° 1.005.
“Vamos a ir a la Corte. Lastimosamente, va a ser inútil, porque la Corte va a decir lo que dijo en caso de Maricarmen contra el MOPC. Habrá que esperar que la Corte se pronuncie, porque sabemos que los trámites en la Corte no son rápidos, pero se puede dejar un precedente”, mencionó.
Precisó que planteará una acción de inconstitucionalidad para que la CSJ anule la resolución del Tribunal de Apelaciones, le gire a la Sala Constitucional respectiva y esta dicte una resolución conforme a Derecho.
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Busca dejar nuevo precedente
Mencionó que su intención es dejar un precedente ante este tipo de fallos sobre acceso a la información pública, a pesar de que —dijo— reconoce la demora supondrá interponer la acción ante la Corte.
“Esto es una carrera de resistencia, casi siempre se gana, pero hay veces que no. A la larga, hay que ir a la Corte y esta, hasta ahora, mayormente, en un 90% nos han dado la razón”, dijo.
Anticipaba decisión de jueces
El abogado, asimismo, mencionó que ya anticipaba dicha resolución del Tribunal, cuando estos habían respondido que la Seprelad cumplió lo que exige en su amparo al entregar la información.
Señaló que en el expediente figura, además del listado socializado en redes sociales por Seprelad, el nombre de los financistas y el monto que estos entregaron para el evento.
No obstante, refirió que la Seprelad hizo constar al entregar la información que él es responsable del manejo de la misma.
Teme a hermanos Alcaraz
Subrayó que no prevé filtrar los datos a la opinión pública porque teme a represalias, considerando que la titular de la Secretaría antilavado es Liliana Alcaraz, hermana del ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, ambos vinculados al diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, presuntamente relacionado con el crimen organizado.
“Si esto se filtra, no va a ser porque yo lo filtre. Acceso a este documento lo tienen la Seprelad, los integrantes de Primera Instancia del Juzgado de Garantías, los integrantes del Tribunal de Apelaciones Sala Cuarta y ahora los funcionarios de la Corte. Agarrar y pretender imputarme un tipo de responsabilidad no es, no me hago responsable de esto”, expresó.
Adelantó, no obstante, que, conforme a la información que accedió, en el evento fue financiado con G. 1.000 millones en efectivo, además de otras donaciones en concepto de alquiler de local u elementos.
Según datos compartidos por la Seprelad en sus redes, entre los financistas del evento figuran tabacaleros y cambistas.
