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En conversación con ABC Cardinal este jueves, Guillermo Duarte Cacavelos, abogado del exdiputado Orlando Arévalo, comentó sobre la apertura de una investigación al juez Osmar Legal en base a una denuncia hecha por el exparlamentario, quien acusa al magistrado de prevaricato y otras supuestas faltas en el marco de la denuncia que hizo legal de supuesto tráfico de influencias por parte del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, sustentada en datos de teléfonos celulares de este último.
Ayer, miércoles, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, solicitó la apertura de una causa penal en base a la denuncia de Arévalo, patrocinada por Duarte Cacavelos, contra Legal, quien a principios de febrero presentó una denuncia basada en chats extraídos de teléfonos de Gomes que dejaban ver un aparente esquema de corrupción y tráfico de influencias de este sobre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por medio de contactos con Arévalo.
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En consecuencia, Arévalo se vio obligado a renunciar al Jurado de Enjuiciamiento, donde representaba al Congreso, y posteriormente tuvo que abandonar su banca en la Cámara de Diputados.
Afirma que Legal extrajo chats “selectivamente”
El argumento de la defensa de Arévalo al alegar prevaricato es que el juez Legal tomó “resoluciones por fuera de la ley” y, al hacer su denuncia por los chats, dirigió la acción contra Gomes y “dio un curso distinto a la causa”.
Además, Duarte Cacavelos argumentó que la denuncia hecha por Legal deja en evidencia que el juez abrió el sobre lacrado con los celulares de Gomes en algún momento entre el 27 de diciembre, cuando lo recibió, y el 17 de febrero, fecha fijada para la apertura del sobre y entrega de copias a las partes en el caso Gomes.
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“(El juez Legal) abrió el sobre en algún momento antes (del 17 de febrero), extrajo selectivamente algunos chats, solo lo que hacía a Arévalo y a algunas personas juzgadas por el Jurado de Enjuiciamiento, y comunicó públicamente eso”, dijo el abogado.
Opinó que el argumento del juez Legal de que tenía el deber de denunciar un aparente hecho punible no justifica su accionar porque ese deber solo se aplica si tomaba conocimiento “lícitamente” de la comisión de un posible hecho punible, y agregó que, según esa lógica, el magistrado debió “denunciar todo” y no “selectivamente”.
Duarte Cacavelos hizo referencia a declaraciones de Óscar Tuma, abogado de la familia de Eulalio Gomes, quien afirma que en los teléfonos de Gomes había chats entre este y el propio juez Legal.
Sostiene que Legal “degradó” la evidencia
El abogado de Arévalo opinó que el juez Legal “actuó de forma prevaricadora, se arrogó funciones del Ministerio Público y habría afectado la persecución penal” porque “alteró la evidencia”.
“Osmar Legal degradó la prueba digital, que podía ser utilizada válidamente en contra de todas las personas mencionadas en los chats, a mera ‘noticia criminis’”, dijo. “La Fiscalía tenía evidencia oponible válidamente (...) y el juez degradó esa noticia a un grado inferior”.
En consecuencia, añadió, la Fiscalía se verá obligada a “buscar otros medios indiciarios para saber si pasó o no lo que se conoce por los teléfonos de ‘Lalo’ Gomes”.
Explicó que lo que ocurra ahora en el proceso contra Gomes y un eventual proceso contra Arévalo “va a estar determinado por la validez o no” de esa evidencia digital, que a ojos de la defensa del exdiputado “ya no puede ser utilizado como algo cien por ciento seguro”.
El abogado opinó que, si bien prácticas como el tráfico de influencias que la denuncia de Legal atribuye a Gomes y Arévalo deben ser desterradas, pero enfatizó que “si no se respetan las formas, estamos destruyendo las bases que sostienen el Estado de derecho y la democracia”.
“El fin no justifica los medios. Para llegar a la fijación de una sanción se deben respetar reglas preestablecidas, cómo y por dónde llegar, y acá se violó eso”, subrayó.
