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El fiscal Silvio Corbeta, cuya investigación sacó a la luz un esquema de corrupción profundamente enraizado durante la administración del diputado cartista Esteban Samaniego (ANR-HC), en su gestión como intendente de Quyquyhó, informó a varias instituciones del Estado que similar esquema se instaló también en la administración de la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del parlamentario.
El agente fiscal indicó que el empresario Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, y quien aparece como copropietario de la residencia del diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), sigue acaparando las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó, ahora ya a cargo de Corvalán.
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Explicó que Andrés Arrúa Brítez está acusado por administración en provecho propio, en calidad de cómplice, y lavado de dinero, como coautor, en la causa que se investiga a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalan y a otras 14 personas. Si bien la investigación corresponde al periodo en que Esteban Samaniego se desempeñaba como jefe comunal, el mismo no puede ser procesado ni acusado por sus fueros parlamentarios.
Corbeta indicó que ya comunicó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y a la Contraloría General de la República (CGR) que el empresario Andrés Arrúa Brítez es nuevamente beneficiado con varias contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó, pero que, para el efecto, cambió de nombre a su empresa.
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El nombre actual de la empresa de Arrúa Britez es Efecopro y, según varias documentaciones, entre enero y abril del 2024, volvió a acaparar las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó.
El fiscal Corbeta indicó que envió un correo alertando sobre la irregularidad, a modo preventivo, para evitar que se siga desembolsando dinero estatal a una firma que está acusada en otra causa.
“Desde el punto de vista preventivo informé al Ministerio de Economía, a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Ingresos Tributarios que la empresa, cuyo dueño está acusado por lavado de dinero, sigue recibiendo dinero estatal”, puntualizó el fiscal Corbeta.
