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Los abogados defensores de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA), acusada por una supuesta “tragada” de G. 1.199 millones de su gestión 2019, presentó otra chicana para frenar el proceso investigativo. La jefa comunal y otras 11 personas fueron acusados en marzo del 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por los presuntos hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa, Asociación Criminal y otros delitos. Desde entonces las dilaciones judiciales entorpecieron el proceso, pues cada uno de los procesados se turnaron para chicanear y así evitar ir a juicio.
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Esta mañana, Mirtha Fernández debía comparecer ante el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia para su audiencia preliminar, luego que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal especializado en Delitos Económicos confirmó la resolución del juez Estigarribia, que elevó la causa a juicio oral de la intendenta de Valenzuela y fijo fecha para audiencia. Sin embargo, los abogados defensores Javier Lezcano, Juan Carlos González y Raquel Acuña volvieron a recusar al magistrado y así lograron suspender una vez más la diligencia.
“El juez no tiene competencia para realizar la audiencia. La cuestión se debate en otra instancia por lo cual la audiencia no se encuentra firme. Consideramos que hubo una violación del debido proceso cuando el juez, a pedido de la fiscalía, abrevió el plazo investigativo y que ni siquiera se comunicó a la defensa”, dijo el abogado Javier Lezcano.
De esta manera la causa va a la Cámara de Apelaciones para que se analice la recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia y, posteriormente, conocer una nueva fecha para la audiencia.
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Sanción a abogados chicaneros
En enero pasado el juez de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás había fijado para 13 de febrero, a las 8:00, la audiencia preliminar. Teniendo en cuenta que hasta esa fecha no se pudo sustanciar siquiera la audiencia de imposición de medidas, debido a las numerosas chicanas planteadas por las defensas, el magistrado hizo la convocatoria para la preliminar bajo apercibimiento que aplicará las sanciones dispuestas en los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, a fin de evitar futuras suspensiones a causa de recursos dilatorios.
También, el juez Delmás declaró litigante de mala fe al procesado Inocencio López, presidente del Comité Agrícola de Valenzuela que según la investigación endosó cheques para una constructora, a quien declaró en rebeldía y ordenó su captura.
Finalmente el juzgado convocó al Abg. Guido Fernández, el entonces defensor de la intendenta de Valenzuela, para una audiencia disciplinaria, como establecen los artículos 112 y 114 del Código Procesal Penal, por los numerosos recursos dilatorios que planteó el letrado a lo largo del presente proceso penal.
Condenados
Son dos las personas ya condenadas en la causa. Se trata de Blásido Candia, contratista de la empresa BC Construcciones y María Liz Fleitas, contratista de MLF proyectos y Construcciones, quienes firmaron contratos con la acusada intendenta para construir empedrados y parques infantiles que nunca se hicieron, pero que se pagaron en su totalidad.
Blásido Candia y María Liz Fleitas fueron condenados a dos años de cárcel, pero con suspensión de la condena y deberán pagar cada uno G. 110 millones en cuotas de G. 4.583.333, comparecer todos los meses al juzgado y no salir del país.
Según la acusación fiscal, Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide.
También estuvieron involucradas, las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación, así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras. Los agentes fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y, además, el Presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora. El encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras.