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El diputado Raúl Benítez criticó duramente la acusación presentada por el Ministerio Público contra tres exministros y cuatro exfuncionarios de la administración del expresidente Mario Abdo Benítez en la causa conocida como las filtraciones de Seprelad. Según el legislador, el proceso judicial muestra signos de arbitrariedad y persecución política.
“Para entender nomás: ¿un fiscal leyó seis tomos de expedientes esta tarde y redactó 60 páginas para la acusación? Acá la asociación criminal está en el Ministerio Público”, sostuvo Benítez.
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A pesar de una recusación planteada por el abogado Enrique Kronawetter contra el fiscal general del Estado y los fiscales a cargo del caso, el Ministerio Público decidió seguir adelante con la acusación.
Exministros y funcionarios acusados
La acusación, presentada por los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, quienes fueron designados hoy para intervenir en el caso por resolución de la Fiscalía General del Estado, involucra a exministros clave de la administración de Abdo Benítez: Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández (Anticorrupción). Cabe recordar que Giuzzio ya enfrenta un juicio oral por presuntamente haber recibido una coima de un narcotraficante brasileño.
Junto con ellos, también fueron acusados los exfuncionarios de Seprelad Carmen Pereira, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Daniel Farías Kronawetter, todos vinculados a la filtración de información confidencial.
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Abdo y Espínola, excluidos de la acusación
Si bien el expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola fueron imputados en esta causa, no fueron acusados debido a sus fueros parlamentarios. En el caso de Abdo, su condición de senador vitalicio lo blinda de procesos judiciales, mientras que Espínola, en actividad, aún conserva su inmunidad.
Según el escrito fiscal, durante su mandato, Abdo habría promovido la filtración de documentos confidenciales a la prensa con el objetivo de debilitar a sus adversarios políticos, como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre estos documentos figuraba un pedido de informe de carácter reservado de la Fiscalía de Panamá.
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Desde la oposición, se insiste en que el proceso judicial tiene un trasfondo político y que la rapidez con la que se realizó la acusación responde a intereses ajenos a la justicia.
