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En la Cámara Baja hay cuatro diputados que mantienen sus fueros y debido a ello no pueden ser procesados por la Justicia, lo que refleja el corporativismo de los políticos. Ninguno de los procesos judiciales fue por los “dichos en su rol parlamentario”, sino más bien por supuestos hechos de corrupción y un caso de persecución política por parte del régimen cartista.
El que lidera con el “blindaje” es el cartista Esteban Samaniego, quien tiene cuatro pedidos de desafueros por cuatro causas diferentes y otros tres urgimientos. Sin embargo, sigue en su banca. Su gestión parlamentaria es muy pobre, sus intervenciones durante las sesiones son solo para amedrentar, gritar o amenazar a sus colegas opositores. De hecho que ya tiene un antecedente de violencia física contra su colega (el senador Jorge Querey del Frente Guasu) en el periodo legislativo anterior.
El cartista está vinculado a una supuesta tragada de G. 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó durante su gestión como intendente. También tiene otras tres causas por supuesta violación de domicilio y agresión. Dos de sus supuestas víctimas son adversarios políticos en la ciudad de Quyquyhó y otra, es una mujer, que se desempeñaba como controladora de entradas en el Estadio Defensores del Chacho, quien lo denunció por agresión en ocasión de un partido internacional.
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Nepobaby
Por otro lado, los diputados liberocartistas Roya Torres y Cleto Giménez tienen pedidos de desafuero por el presunto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplices, debido a que sus respectivos hijos cobraron como funcionarios en la Cámara Baja, pero aparentemente no iban a trabajar.
El hijo de Roya Torres, Elías Godoy Torres, logró la suspensión condicional del procedimiento luego de que el juez Rodrigo Estigarribia le ordenara devolver integralmente el dinero percibido por parte de la Cámara de Diputados, que asciende a la suma de G. 50.666.000, además de donar otros G. 50 millones, en concepto de reparación del daño social ocasionado. Sin embargo, Roya Torres sigue ligada al proceso en carácter de cómplice, pero a causa de sus fueros está zafando.
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En similar situación se encuentra Cleto Giménez, sus hijas Danna Marcela y Johana Denisse Giménez Rotela, quienes fueron obligadas a devolver la suma de G. 67.300.000 a la Cámara de Diputados, monto del perjuicio causado, y en calidad de reparación del daño, realizar donaciones por el mismo monto a instituciones benéficas.
El cuarto parlamentario con pedido de desafuero es Mauricio Espínola (ANR-FR), quien está en el grupo de autoridades del gobierno anterior de Mario Abdo Benítez. Fueron denunciados por el ex presidente y titular de la ANR, Horacio Cartes por supuesta filtración de secretos. El pedido ingresó el año pasado pero tiene dictamen de rechazo. Sin embargo, el abdista anunció ayer que él mismo solicitará su desafuero para someterse a la justicia luego de que el Ministerio Público haya acusado a los demás investigados en la causa.
La acusación nace de una denuncia presentada por Cartes, quien acusa al expresidente Abdo Benítez y a sus exfuncionarios de haber filtrado a medios de comunicación datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre su persona.
Los acusados ayer por el Ministerio Público son los exministros: Carlos Arregui, de la Seprelad; Arnaldo Giuzzio, del Interior, y René Fernández, de la Secretaría Anticorrupción, además de los exfuncionarios de la Seprelad Carmen Pereira, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Daniel Farías Kronawetter.
