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La ex intendenta de Tava’i, Alba Correa (ANR-HC), cuya gestión fue desde el 2010 al 2015, finalmente rendirá cuentas por su desprolija administración. La jefa comunal fue imputada en el 28 de marzo 2017 por el fiscal Aldo Cantero, luego de la insistencia de varios concejales, quienes munidos de un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) que constató una malversación del dinero recibido en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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La política cartista, pese a las reiteradas denuncias en su contra, seguía recibiendo dinero del Tesoro Nacional durante la presidencia de Horacio Cartes. Sin embargo, la Junta Municipal de Tava’i insistió hasta que finalmente se la acusó por lesión de confianza el 28 de setiembre del 2017 por una supuesta malversación de G. 286 millones.
Según la denuncia, la jefa comunal se habría hecho algunos “retoques estéticos”, como aumentarse los pechos, alargues de cabello y una liposucción abdominal, durante el año en que se detectó la malversación municipal.
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Alba Correa, presentó múltiples chicanas para evitar rendir cuentas y, finalmente, luego de casi nueve años, se sentó en el banquillo de los acusados el pasado 11 de marzo y hoy prosigue su juicio. El Tribunal de Sentencia de la 10° Circunscripción Judicial de Caazapá, integrado por los magistrados Roxana Ramírez, Carlos López y Enrique Furler que entienden en la causa, donde deben declarar 19 testigos con aproximadamente 80 pruebas documentales.
Durante estos años, la dirigente cartista incluso fue beneficiada con el sobreseimiento provisional, pero el fiscal José Alberto Núñez Ruiz Díaz solicitó la reapertura de la causa, que hoy se sustancia.
“El juicio inició el 11 de marzo, hoy continúa y, según la actuaría, el juicio se va a extender más porque existen numerosas pruebas a ser desarrolladas durante el juicio. Solicitamos la grabación del juicio, pero no fue posible a raíz de la supuesta carencia de la Corte Suprema de Justicia en materia comunicacional”, indicó la activista social de la organización “Somos Anticorrupción”, María Esther Roa.
El proceso contra la intendenta cartista comenzó con una denuncia presentada por los concejales María Victoria Bogado, Pastor Benítez, Francisco Cáceres y Nilsa Riveros, entre otros.
Igualmente, la jefa comunal cuenta con otro proceso en el que se investiga un perjuicio superior a los G. 1.000 millones durante su gestión, que corresponde a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, proceso que también se sigue dilatando.
