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La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria, aprobó con modificaciones, la iniciativa legislativa con lo cual desvirtua completamente el documento. Con esta decisión se devuelve a la cámara de origen, que es el Senado, el proyecto de ley “que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer”. La iniciativa parlamentaria, cuya impulsora es la senadora Lilian Samaniego (ANR-Independiente), establece la creación de una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres, compuesta por juzgados de Primera Instancia y tribunales especializados en esta materia, para entender y decidir en las causas que surjan como consecuencia de hechos de violencia.
La diputada Dalia Estigarribia (PLRA), de la Comisión de Niñez y Adolescencia, defendió el documento en la versión Cámara de Senadores e insistió a los cartistas a que mantenga esa línea.
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“Tan solo en dos meses, acumulamos 7.513 denuncias de mujeres víctimas de violencia, que se traducen en 127 eventos por día. Tenemos 12 feminicidios por día, 14 tentativas, 229 denuncias de violación y coacción sexual, 20 denuncias de acoso sexual y lo peor es que ocurre dentro del entorno familiar”, argumentó la parlamentaria liberal.
A su vez la diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que las cifras de muertes de mujeres en manos de sus ex parejas es alarmante y se necesita un abordaje con profesionales especializados para agilizar el trámite y prevenir más muertes.
“Con el fin de evitar la revictimización que se da en la actualidad con las mujeres que se encuentran deambulando en los tribunales, debemos insistir en crear los juzgados con profesionales especializados. Nos están matando, y ahora el cartismo pretende dejarnos a la deriva”, lamentó Ortega.
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Como vocera de las modificaciones que desvirtuaron completamente la iniciativa del Senado, la diputada Rocío Abed (ANR-HC), titular de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presentó las modificaciones en donde se introdujo el cambio de la visión del proyecto original.
“En el sentido de crear juzgados en materia de violencia dentro del grupo familiar, protegiendo a todo el grupo familiar y no solamente a la mujer”, dijo Abed intentando explicar las modificaciones introducidas a último momento, pues el proyecto de ley tiene sanción ficta este jueves 20 de marzo.
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“Respondiendo a la necesidad de garantizar la protección de todos los integrantes de la familia y no solamente para las mujeres, la propuesta de la Comisión se enfoca en hombres, mujeres, niños y personas con discapacidad que conforman la familia”, dijo Rocío Abed.
Para tratar de pulir “sobre la marcha” las modificaciones que la aplanadora cartista introdujo al proyecto de ley, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA) pidió testar (suprimir) el artículo 15 del proyecto en donde se hablaba de la creación de un registro de agresores, pues se violaría la presunción de la inocencia.
La modificaciones introducidas
El proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja cambió completamente el enfoque y quedó de la siguiente manera:
En el artículo 1°: Tiene por objeto la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar, que abarquen todos los tipos de violencia conforme a la Ley N° 1600/ 2000 “Contra la violencia doméstica” y la Ley N° 5777/2016 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, sin distinción de sexo, con el fin de garantizar a los miembros de la misma una respuesta inmediata.
El artículo 2: Se establece que los bienes jurídicos tutelados por esta ley son: la vida, la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, así como el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar. Se promoverá la igualdad de protección para todas las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores y personas con discapacidad.
En el artículo 7°: Se crearán los juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar, en forma progresiva. Se tendrá en cuenta los índices más elevados de violencia, en capital y los departamentos, hasta alcanzar la totalidad de las mismas en un plazo máximo de siete años.
De esta manera se crearon los “Juzgados especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar; tribunales de sentencia especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar; juzgados de ejecución especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar”.
