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“Tener los nuevos Tucano, eso es bueno (sic), la moral de las FF.AA. de defender la soberanía, se da también con las armas. Pero eso, los Tucano, sin la ley de derribo sería como tener unos perros que ladran muy fuerte pero que no tienen dientes, no sé si le vamos a sacar el jugo”, expresó ayer el senador Gustavo Leite (ANR-HC).
El legislador anunció que se abocará “en cómo se puede introducir” uno o dos artículos en la Ley Nº 6980 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”. Dijo que así se complementará con la iniciativa de la compra de aviones Super Tucano. El senador aludió a la compra, mediante un préstamo de US$ 101.606.009, de seis aviones Super Tucano A-29, de fabricación brasileña.
Leite dijo que las FF.AA. tienen la misión de preservar nuestra soberanía y agregó que “el ataque más grande que tenemos hoy es la droga”.
En el período legislativo pasado (2022) se promulgó una ley que solamente autoriza la posibilidad de “disparos intimidatorios”.
El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), general del Aire Julio Fullaondo, explicó en su momento el protocolo vigente. Dijo que consiste en que los aviones de la FAP intercepten a los aviones ilegales y se les ordene aterrizar.
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En caso de que la aeronave desconocida haga caso omiso a la orden, el avión de la FAP la escoltará hasta el lugar donde aterrice y se da aviso a las fuerzas de seguridad -Policía Nacional y Ministerio Público- o, en caso de que el avión “se perfile para ir a un país vecino”, se da aviso a las autoridades de esa nación.
Agregó que la FAP tiene permitido “usar las armas” en caso de una “reacción” hostil de la aeronave interceptada o ante un potencial “peligro para terceros”.
EE.UU., en contra.
En el 2022, la entonces senadora Desirée Masi (PDP) recordó que Rachel Kutzley, funcionaria de la Embajada de EE.UU., en una visita a la mesa directiva del Senado en junio de ese año dijo que Paraguay no puede derribar aviones y que su aplicación se equiparaba a la pena de muerte, no contemplada en la Carta Magna.
