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Una manipulación perversa de la justicia de la mano de Pedro Ovelar, que es el verdadero fiscal en esta causa y que prácticamente tiene de empleados a Grisetti y Cantero se da en la causa en la que se acusó e imputó a tres exministros y cuatro exfuncionarios del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez por supuesta filtración de datos de la Seprelad, afirmó el abogado Enrique Kronawetter, que representa a Daniel Farías.
“La acusación es la prueba de una suerte de copia y pegado del acta de imputación. Un dato no menor, la Fiscalía había solicitado prórroga alegando que le faltaban diligencias para cumplir la investigación, a pesar de eso, se produce la renuncia del fiscal Sanabria que era el único que estaba y se nombran, y aparecen por una resolución, entre gallos y medianoche, estos dos fiscales que finalmente fueron los que presentaron la acusación”, sostuvo.
Agregó que con esta coyuntura, en un proceso penal, la prueba de fuego está para el Poder Judicial, porque la Fiscalía está al servicio de los poderosos.
“Y porque no del crimen organizado, esa es la impresión que da hasta, salvo, me demuestren lo contrario. Como se dice en el ámbito jurídico, salvo a prueba contraria, la Fiscalía hoy es un instrumento del crimen organizado”, desafió.
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Audiencia no debería haberse convocado
Kronawetter explicó que en la audiencia a la que fueron convocados hoy y que fue suspendida, se trataría uno de los recursos que se planteó cuando se formuló el acta de imputación espuria por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.
“La jueza Cynthia Lovera nos convoca a varias audiencias de reposición, pero; sin embargo, está pendiente todavía un recurso de apelación contra la decisión de la jueza de turno, Clara Ruiz Díaz, que había ordenado extracción de datos, y nosotros, siguiendo la misma línea que ella había adoptado, de que no iba a tramitar en esta instancia, hasta que no se agoten todos los recursos pendientes, en el propio informe de la secretaria figura de que hay un recurso de apelación que recién ahora tramitó”, agregó.
Dijo que como equipo jurídico, a fin de evitar resoluciones contradictorias, piden también que se resuelva el recurso de apelación y luego prosiga el trámite, para que se ordene el procedimiento.
Detalló que con César Trapani verían el próximo martes la situación de los fueros de Mario Abdo en Asuntos Constitucionales del Senado, donde fueron convocados. “El propio expresidente de la República pidió que se le dé el permiso, retirándole el fuero, para que pueda someterse al proceso y eso es lo que se va a evaluar”, refirió.
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Carlos Arregui sostiene que imputación debería rechazarse
Carlos Arregui, exministro de Seprelad procesado en la causa, afirmó que correspondía la suspensión de la audiencia y que incluso la imputación y acusación deberían ser rechazadas.
“Vamos a ver que resuelve el juzgado, vamos a ver la resolución e ir tomando las determinaciones correspondientes también. En realidad no tendría que haber aceptado el acta de imputación. Esa acta de imputación no tenía un donde, un cuando, un como, de que manera, la acordada de la Corte ha sacado de qué manera se debe plasmar un acta de imputación, nada de eso contenía”, indicó.
Aseguró que la discusión del proceso que pesa sobre ellos no es jurídica, es una causa política, es una imputación y una acusación política que no tiene absolutamente ningún fundamento, ninguna relación de hechos valedera como para ejercer una defensa técnica jurídica.
“Lastimosamente, se aprovecharon de fiscales venales, para hacer la imputación y la acusación, y eso es lo que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos los argumentos, que ya los hemos subido al sistema de manera electrónica, no debería de realizarse, y es lo que vamos a plantear aquí en este momento que nos está llamando ahora la jueza para eso”, agregó.
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Prueba admitida debe ser anulada
Por su parte, Emilio Fuster, también abogado defensor, comentó que ya ayer plantearon un recurso de reposición con apelación del subsidio, ante la providencia dictada por la jueza Lovera, admitiendo que se encuentra pendiente la resolución de una apelación ante una prueba que fue ilegalmente admitida en su oportunidad por la jueza.
“Eso ha afectado en nuestro derecho al ejercicio de la defensa, considerando que la propia resolución en su oportunidad señalaba que esa pericia, esa autorización judicial debería haberse realizado con la presencia de la defensa y nunca se hizo de esa manera, afectando los derechos procesales de nuestros defendidos”, sostuvo.
Dijo en un Estado de derecho, corresponde anular una prueba donde existió una autorización judicial, que en este caso obligaba al Ministerio Público a dar participación a los defensores técnicos y no lo hicieron, ya que la extracción de datos de las computadoras de la Seprelad se realizó a espaldas de los defensores.