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Adherentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras fuerzas opositoras ayer intentaron llegar hasta la explanada del Palacio de Justicia en Asunción a las 10:00. Era en el marco del octavo aniversario del 31M, jornada de protestas contra el plan de instalar la reelección presidencial de Horacio Cartes en marzo de 2017, crisis que acabó con la quema del Congreso por los manifestantes y la orden policial de atacar la sede del PLRA, donde fue asesinado Rodrigo Quintana.
En la víspera, el objetivo era realizar una representación teatral de la muerte de Quintana y hacer trámites judiciales vinculados al caso, pero fuerzas policiales al mando del comisario Mario Ovelar cortaron el paso a los adherentes alegando una acordada de la Corte que prohíbe cualquier acto en ese lugar (Acordada Nº 254 del 2002); sin embargo, los opositores sostienen que en ninguna parte de la misma se prohíbe hacer un simple homenaje.
La situación escaló y hubo forcejeos entre los manifestantes y la Policía, resultando en empujones y agresiones. Los manifestantes arrastraban un bulto que simulaba ser un cadáver y el cartel más grande rezaba “¿Quién dio la orden? Justicia para Rodrigo”.
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El exsenador Luis Alberto Wagner, el senador y exministro del interior Rafael Filizzola (PDP), el diputado Raúl Benítez (Ind.), el presidente del PLRA, Hugo Fleitas; la abogada Olga Paredes y el precandidato liberal a intendente de Asunción Agustín Saguier fueron maltratados. También estaban presentes la senadora Celeste Amarilla y la exsenadora Desirée Masi (PDP).

Remitieron permiso para ingresar al Poder Judicial
La apoderada liberal Marlene Orué dijo que habían solicitado permiso vía nota para ingresar al Museo de la Memoria del Poder Judicial para realizar el acto, pero la Policía les negó el acceso en una formación cerrada. Supuestamente la encargada del Museo, Rosa Palau, argumentó que el pedido nunca tuvo la autorización de las autoridades judiciales.
“La Policía a lo mejor no conoce lo que dice la Constitución Nacional, por eso nos impidió entrar”, cuestionó Orué. Por ello anunció que en la fecha presentarán una denuncia penal contra el comisario Ovelar.
Orué agregó que tampoco pudieron ingresar una petición dirigida al Tribunal de Sentencia que lleva el juicio oral por homicidio doloso en contra del suboficial Gustavo Florentín, el único acusado de la muerte de Quintana, para que el proceso “pueda ser público y se transmita por las redes sociales del Poder Judicial y de los medios de comunicación, como garantía de transparencia”.
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Édgar Acosta, exdiputado liberal gravemente herido el 31 de marzo de 2017, por un escopetazo de la Policía, repudió la reacción desproporcionada de las fuerzas de orden. “La intención era estar solamente ahí, en la entrada del Palacio, hacer el acto”, expresó.
Destacó que la mayoría de los que asistieron a manifestarse son mujeres y personas de edad avanzada. “¿Qué daño le podemos hacer al Palacio?”, se preguntó Acosta y anunció su regreso a la política.

¿Quién dio la orden de entrar al PLRA?, exigen a la Justicia
A ocho años del asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, durante un ataque policial a la sede del PLRA, miembros de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) exigieron que la Justicia deje de ser cómplice y esclarezca quiénes dieron la orden de atracar a balazos la agrupación opositora en la madrugada del 1 de abril del 2017.
“Ocho años de impunidad, de silencio cómplice y de una justicia ausente que sigue sin responder a la pregunta fundamental: ¿Quién dio la orden?”, señalaron en un comunicado los vicepresidentes de la JLRA Dylan Carreras y Jesús Guapi. No firmó el comunicado el titular Carlos María Aquino.
“Exigimos a las autoridades, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad en su conjunto que este crimen no quede en el olvido. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma en nuestro país”, expresaron.
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Recalcaron que Quintana fue víctima de la “represión brutal” en una noche que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. “Fue asesinado en un acto de cobardía, en un intento por acallar la voz de quienes defienden la democracia y la libertad”, señalaron al recordar las protestas del 31M de 2017 cuando manifestantes quemaron parcialmente la sede del Congreso después que un Senado “mau” aprobara la reelección presidencial por enmienda constitucional.
“No hay responsables condenados, no hay verdad oficial, y el tiempo solo ha servido para profundizar la indignación”, subrayaron.