Cargando...
La Cámara de Diputados autorizó a Raúl Latorre (ANR-HC) a presentar denuncia contra los magistrados Raúl Inzaurralde, María Acosta y Efrén Giménez, quienes revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta, acusado de agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología.
Se encomienda también a los miembros representantes de la Cámara de Diputados ante el JEM a que promuevan de oficio la investigación de las actuaciones de los mencionados jueces. En este caso, al diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC), dado que aún sigue sin ser designado el reemplazante de Orlando Arévalo, quien renunció debido a los escándalos del chat con el fallecido Eulalio “Lalo” Gómez (ANR-HC).
Lea más: Defensa de abogado abofeteador denuncia injerencia política en el proceso penal
La diputada Rocío Abed (ANR-HC), cuya familia fue vinculada con el abogado defensor del abofeteador, exigió a las autoridades una revisión inmediata del caso y que se tomen las medidas necesarias para asegurar que hechos como éste, no queden impunes. Esto con el evidente afán de tratar de deslindarse de las acusaciones que se hicieron contra el Clan Zacarías, quien estaría operando, supuestamente, para brindar impunidad al abogado abofeteador.
“No podemos permitir que la violencia sea tolerada ni que quienes la ejercen queden exentos de responsabilidad. La sociedad merece jueces comprometidos con la justicia y le equidad”, dijo la diputada cartista durante la sesión ordinaria.
En la exposición de motivos se señala que la actuación de todo funcionario público debe enmarcarse dentro de las disposiciones constitucionales y legales que rigen en cada materia.
“Estos jueces han revocado la orden de captura del abogado Walter Acosta, acusado de agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología por lo que expresamos profunda indignación y rechazo ante la decisión”, reza parte del documento aprobado por el pleno.
Lea más: INTN presenta querella contra abogado que abofeteó a funcionaria
Asimismo, agrega que la situación no solo genera un preocupante mensaje de impunidad, “sino que también pone en duda el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas y la lucha contra la violencia”.
Fueron impulsoras de la resolución las diputadas cartistas Rocío Abed, Cristina Villalba, Fabiana Souto de Alliana y las liberales Del Pilar Vázquez y Dalia Estigarribia.
Proceso Penal
El abogado Walter Acosta está imputado por la fiscala Rocío González por coacción, coacción grave y resistencia, tras agredir a funcionarios del INTN durante la fiscalización de una estación de servicio en Tavapy.
La agresión ocurrió el 18 de marzo de 2025, cuando los funcionarios Lourdes Sosa Cuevas, Luis Duarte, Jhamín Afara y Cinthya Ibáñez, en su calidad de técnicos fiscalizadores y con la orden de trabajo correspondiente, se constituyeron en la estación de servicio Tres Fronteras SA, ubicada en ruta la PY06.
Además de la imputación, la fiscala Rocío González solicitó la detención preventiva del abogado Acosta, pero un Tribunal de Apelaciones integrado por Marta Acosta, Efrén Giménez y Raúl Insarralde levantó la orden de detención preventiva en su contra, dando lugar a la eximición de la medida cautelar.
Posteriormente, Acosta dejó la clandestinidad y se presentó ante el juez Bernardo Silva, quien ordenó su prisión preventiva.
