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El Tribunal Electoral de la circunscripción de Concepción y Alto Paraguay, el pasado 1 de octubre, emitió la resolución de acuerdo y sentencia N° 07/24 del 1 de octubre, por el cual se deja nulo el cargo de intendente interino del concejal Claudio Martínez, quien fue elegido por la Junta Municipal para reemplazar a Hilario Adorno debido a que tiene prohibido acercarse a la Municipalidad de Puerto Casado en un radio de 500 metros. Debido a eso, la Junta municipal solicitó la anulación de dicha decisión en noviembre pasado y desde entonces no se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
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Debido a la dilación, el presidente de la Junta Municipal de Puerto Casado Domingo Vera (ANR) presentó el 3 de abril pasado un urgimiento sobre el recurso de apelación y nulidad de la resolución donde se anulaba la designación de intendente interino en Puerto Casado.
“Señores del Tribunal de Justicia Electoral, en entendimiento que ha pasado un tiempo prudencial para el estudio sobre la procedencia del planteamiento realizado y habiendo la administración municipal funcionado a medias a raíz de la medida cautelar de prohibición de acercarse al municipio impuesta a Hilario Adorno, debido a su juicio por lesión de confianza, solicitamos una respuesta”, reza parte del documento presentado por el edil casadeño.
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El presidente de la Junta Municipal alega que hace 11 meses están en la situación de incertidumbre en la Municipalidad de Puerto Casado debido a que un juez ordenó que Hilario Adorno no se acerque a la sede municipal, lo que generó una crisis en cuanto a la prestación de servicios y entre los contribuyentes y funcionarios municipales. Esto debido a que Hilario Adorno, quien está acusado y con medidas de prohibición, desde una oficina improvisada, instalada en el polideportivo municipal “administra la comunidad”.
La Junta Municipal, había designado un intendente interino, pero, gracias a medidas cautelares, Hilario Adorno logró anular a su sustitución.
Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorono, no solo está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio por comprar con plata de los contribuyentes una camioneta, sino que además tiene la prohibición de acercarse a la sede municipal a menos de 500 metros para no obstaculizar la investigación de la Fiscalía. Asimismo, pesa otra denuncia por lesión de confianza por una supuesta tragada de G. 10 mil millones.