Cargando...
Según la investigación fiscal, el intendente Luis Yd (PPQ) habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes, por autorizar o habilitar el vertedero municipal, ya que se constató que funciona sin los criterios ambientales requeridos.
Lea más: Contraloría detecta posibles inconsistencias en municipio de Encarnación
La fiscal Arriola sostiene que tras las investigaciones realizadas existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del intendente en la comisión del hecho punible de delitos ambientales, establecidos en el Art. 200 del Código Penal, como procesamiento ilícito de desechos y por el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificados en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y una propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá. Entre las diligencias llevadas adelante por la fiscal Arriola se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru del distrito de Encarnación, donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno.
Lea más: Encarnación: fiscala especializada en delitos ambientales imputa al intendente Luis Yd
Durante el recorrido que hizo la comitiva fiscal con fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios mezclados con algunos residuos industriales y hospitalarios, sin criterios ambientales ya que no se observó la compactación del suelo ni cañerías colectoras de líquidos lixiviados, chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio. Tampoco se contaba con documentos habilitantes de parte del Mades.