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Los diputados aprobaron el proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a intervenir de manera urgente la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), cuyo presidente es el imputado por supuesta lesión de confianza Venancio Díaz Escobar. La Caja tiene un déficit de más de G. 2.000 millones de manera mensual y por ese motivo no puede pagar puntualmente los haberes a los 2.525 asociados jubilados, explicó Díaz.
La institución cayó en déficit desde hace más de un año y medio, debido al pésimo manejo administrativo y la falta de pago regular del aporte obrero- patronal de los jefes municipales. La problemática se inició con la gestión del imputado presidente Bernabé Peralta, quien se vio obligado a renunciar debido a las movilización de jubilados en diciembre del 2023 por la falta de pago de los haberes. Luego, lo sucedió Venancio Díaz Escobar, quien formaba parte del mismo Consejo Directivo y mediante artimañas jurídicas sigue dilatando las elecciones para el cambio de autoridad en la institución.
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La falencia principalmente se debe a que los jefes comunales no transfieren de manera regular el aporte obrero-patronal, pese a que descuentan de sus salarios a los funcionarios municipales. A la fecha, en enero solo pagaron 154 municipios, en febrero pagaron 125 y en marzo recién aportaron 44 jefes comunales de los 263 distritos que existen a nivel país. El más moroso es el intendente de Asunción, el imputado Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien tiene una deuda de más de G. 10.000 millones.
La diputada Rocío Vallejo indicó que hace más de nueve meses varios sectores claman por la intervención de la Caja Municipal de Jubilaciones, sin embargo, el presidente de la República, Santiago Peña, hace caso omiso a los pedidos y deja en la incertidumbre a los adultos mayores que incluso deben manifestarse para cobrar a “cuenta gotas” sus haberes.
En diciembre del 2023 a “tambor batiente” el oficialismo en ambas cámaras del Congreso Nacional aprobó la ley de Superintendencia de Jubilaciones a pedido del presidente Peña para “intervenir en todas las cajas de jubilaciones”. Pasó más de un año de la promulgación de la ley y ninguna caja se intervino hasta ahora.
La ley solo sirvió para que el Instituto de Previsión Social (IPS) deposite el dinero de los jubilados en una cuenta de Ueno Bank, miembro del Ueno Holding Saeca, firma del cual era accionista hasta el 4 de abril pasado el presidente Santiago Peña.