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El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) recibió hoy la nota remitida por su colega y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Roberto González (ANR, FR), para que concurra el martes 21 de marzo a las 9:30 (junto con su abogado) para dejar sentados los que considera atropellos en el proceso, que ya inició torcido con la presunta instrumentación de la Fiscalía, según se reveló en conversaciones filtradas entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar y el entonces fiscal del caso Aldo Cantero. Esto se volvió a ratificar con la cuestionada acusación.
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El diputado Espínola, junto al expresidente Mario Abdo Benítez, están pendientes de su autosolicitado desafuero, tras ser imputados por supuesta revelación de secretos, asociación criminal, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Otros 7 exfuncionarios del gobierno de Abdo ya están en etapa de acusación.
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En marzo de 2024, los 9 fueron imputados por la Fiscalía de Emiliano Rolón, quién mantuvo la causa, pese a que se revelaron conversaciones entre Ovelar y el fiscal Aldo Cantero, donde este último realizaba diligencias bajo las estrictas órdenes del abogado de Horacio Cartes.
Posteriormente, la acusación no estuvo exenta de controversia, puesto que horas antes de que venza el plazo para la presentación, los fiscales Silvia Margarita González y Christian Benítez, a menos de 12 horas de haber asumido la causa, presentaron la acusación, supuestamente habiéndose interiorizado en tiempo “r´récord” del extenso expediente.
Esto tras denuncias de presiones al anterior fiscal del caso Guillermo Sanabria, que incluso optó por renunciar al cargo.
El proceso se da en paralelo al pedido de desafuero de Abdo en el Senado, donde, de momento, aparentemente no hay votos.
Cartistas mientras son “intocables”
El caso de Espínola avanza, a diferencia de los protegidos del cartismo, principalmente el colorado Esteban Samaniego. También están con “perfil bajo” los diputados libero cartista Roya Torres y Cleto Giménez.
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El de Samaniego es el caso más escandaloso, puesto que lleva zafando de la justicia desde 2019 y soporta en total cuatro pedidos de desafuero por causas distintas: Tres por agresión física y una nada más y nada menos que por administración en provecho propio, además de lavado de dinero y asociación criminal, por presunto desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó.
En el caso de Giménez y Torres, ambos están investigados por haber hecho contratar en la Cámara de Diputados a sus hijos (nepobabies), los cuales, no obstante, ya “arreglaron” con la justicia a cambio simplemente de devolver lo cobrado irregularmente.
