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En conversación con medios de comunicación este miércoles en el Congreso, la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) comentó sobre la información expuesta ayer por el diputado Mauricio Espínola (ANR) sobre presuntos nexos entre el esquema de lavado de dinero del narcotráfico investigado en la causa “A Ultranza” y empresas de un grupo empresarial vinculado al presidente Santiago Peña.
El diputado Espínola expuso ayer que Alberto Koube, socio de uno de los supuestos líderes del esquema delictivo, el prófugo uruguayo Sebastián Marset, usó en 2021 la casa financiera Credicentro –que pasaría a convertirse en parte del grupo Ueno Holding S.A.E.C.A.- para ocultar bienes vinculados a sus actividades ilegales.
La exposición del legislador colorado abdista, basada en una acusación del Ministerio Público, también vincula actividades de Koube a otras empresas relacionadas a Ueno Holding como iOiO o la Financiera El Comercio, actual Ueno Bank.
El presidente Peña fue accionista de Credicentro y posteriormente de Ueno Holding desde 2019 hasta el pasado 4 de abril, cuando se comunicó al Banco Central del Paraguay la venta de la participación accionaria del mandatario en ese grupo empresarial.
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“El narcotráfico va a buscar una entidad bancaria con protección política, no hay forma en que se pueda lavar dinero en Paraguay sin el control del Banco Central o la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero”, dijo la senadora Paredes. “No me extraña que A Ultranza haya utilizado el banco de Santiago Peña para lavar dinero”, añadió.
Peña “sabe que hizo mal”
La legisladora, abogada de profesión, comentó además sobre la venta de las acciones del presidente Peña en Ueno Holding, un acto por el cual el mandatario dijo no haber recibido beneficios.
“Evidentemente, ese consejo de no retirar dividendos es consejo de un abogado penalista, previendo que pueda ser denunciado en lo penal”, señaló.
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“Está siendo asesorado por un abogado penalista porque sabe que hizo mal, es una artimaña jurídica”, insistió. “Van a argumentar que no recibió beneficios y por lo tanto su conducta no es típica”, enfatizó.
Finalmente, opinó que las denuncias sobre las actividades empresariales del presidente Peña, entre ellas el hecho de que empresas vinculadas al grupo del que fue accionista han incrementado enormemente sus contratos con el Estado desde que el actual gobierno tomó el poder, son causales de juicio político.