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Apenas una hora duró la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de hoy, que fue adelantada del martes 15 para que los legisladores puedan arrancar desde hoy el “mega viaducto”, ya que “puente” queda corto como apelativo para las minivacaciones que tendrán hasta el lunes 21. Entre los temas principales que evitaron tratar, está el proyecto de ley que pretendía incluir en el Presupuesto de Gastos de la Nación los millonarios “fondos sociales de las binacionales”, a fin de que pasen por el control estatal.
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Solo estuvieron 14 de los 35 diputados cartistas, bancada mayoritaria en Cámara Baja. La sesión inició, a duras penas, a las 9:37, con un ajustado número de 41 diputados presentes, el mínimo requerido para el quorum y, tras una breve etapa de oradores y pedidos de informes, se llegó hasta el tercer punto del orden del día, cuyo tratamiento ni siquiera terminó, debido a la falta de quorum.
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Según el registro oficial digital de la Cámara Baja, en la última votación -que también sirvió para la verificación de quorum- estuvieron apenas 38 diputados presentes. El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, levantó la sesión a las 10:39, habiendo transcurrido apenas una hora de “labor legislativa”.
Sigue siendo “piratas” en uso de gastos sociales
Entre los puntos principales que dejaron sin tratamiento se encuentra el proyecto de ley “que establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales”, que pretendía que el Ejecutivo deje de usar como su “chequera en blanco” estos millonarios fondos que anualmente rondan los US$ 650,9 millones.
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El presidente Peña utilizó el término “pirata” -sin sustento jurídico- para supuestamente referirse a una entidad financiera que mantiene una disputa legal con una de sus exsocias comerciales y “mimada” en licitaciones itti Saeca, sin embargo el término pirata” se ajusta más a su gestión y la de su grupo político (Honor Colorado), que ataca cualquier intento de buscar la legalidad y transparencia en el manejo de dichos fondos, con licitaciones presuntamente amañadas e incluso con investigación penal abierta.
Por una parte, Peña propicia presuntos negociados, como la adjudicación de US$ 32 millones para la compra de pupitres supuestamente sobrefacturados, presuntas licitaciones direccionadas 1. para la compra de ambulancias que, según reclamó la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) y 2. para adquisición de equipos de espionaje (escuchas ilegales), según advirtió el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR).
En paralelo, la mayoría cartista en Cámara de Diputados denegó hasta ahora 6 pedidos de informes relacionados a estos presuntos negociados.