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El Senado, en su última sesión, aprobó su propia versión de la iniciativa presentada en su momento por el diputado disidente Roberto González (ANR).
El texto modifica los artículos N° 2 y 7 de la Ley N° 296/1994 ‘Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.
Ahora queda en manos del Poder Ejecutivo, el presidente Santiago Peña, promulgar la ley, o vetarla total o parcialmente.
El proyecto fue aprobado el 26 de marzo en la Cámara Baja; el Senado la modificó el 17 de julio. Los diputados se ratificaron el 22 de octubre pero la Cámara Alta se impuso el miércoles pasado.
Esta fue una de las iniciativas impulsadas en el Congreso tras el escándalo del senador y exdiputado Hernán Rivas y del exdiputado Orlando Arévalo, ambos cartistas.
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Rivas está procesado por presunto uso de título falso de abogado para ser electo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mientras que la denuncia contra Arevalo fue desestimada por la Fiscalía.
Rivas renunció a su cargo en el JEM cuando se le sumó el escándalo de sus juicios por deudas impagas. Pero ahora tiene un pedido de sobreseimiento provisorio, gracias a la fiscala Patricia Sánchez, quien hizo un cuestionable trabajo como agente, al punto que hasta los jueces le devolvieron su pedido de imputación.
En cambio, Arevalo se vio forzado a renunciar a sus representación ante el JEM y a su curul del Congreso al descubrirse que formaba parte de un esquema de aprietes judiciales junto al Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), diputado muerto en un operativo policial antidroga.
El artículo N° 2 del proyecto aprobado, sobre los requisitos, agrega la necesidad de poseer título universitario de abogado cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes que regulan la materia y durante el término de diez años cuanto menos y contar obligatoriamente con matrícula de abogado o constancia expedida por la Corte entre otros.
Hasta que tengan reemplazantes
Otro punto resaltante es que establece que los que dejaren de pertenecer al órgano o estamento que les designó cesarán en sus cargos, pero continuarán en sus funciones hasta la designación de sus reemplazantes.