Cargando...
Ante la Secretaría Judicial N° 1, la exsenadora Kattya González (PEN) presentó, este mañana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un nuevo urgimiento -el noveno- para que se dicte acuerdo y sentencia con relación a la acción de inconstitucionalidad que promovió contra la resolución de pérdida de investidura que dispuso la Cámara Alta el 14 de febrero del año pasado.
González resaltó que ya pasó más de un año que promovió la acción, el 27 de febrero del 2024, y ni siquiera aún se conformó la Sala Constitucional que deberá expedirse sobre la misma.
“Un regalo le pedimos a la Corte, porque hoy no pueden dar solución a la ‘mafia de los pagarés’ y se declaran insolventes de argumentos jurídicos para administrar una crisis generada por el propio sistema; se declara también de imposibilitada de integrar una sala para resolver una acción de inconstitucionalidad, que pasaron más de 15 meses de su presentación y esto realmente es terrible porque los ciudadanos estamos desamparados”, sostuvo.
Comentó que desde la Secretaría General de la CSJ le informaron que se dictó providencia y que se remitirá hoy a la Quinta Sala, a cargo del juez Lineo Insfrán, para que este acepte o no convertirse en el noveno miembro de la Sala Constitucional que debe expedirse sobre su caso.
Lea más: Presentan acción de inconstitucionalidad para reponer a Kattya González en el Senado

Presión ciudadana para estudio de acción
La exlegisladora refirió que su expectativa sobre la resolución de su acción ya no recae sobre la voluntad de la Corte, sino en la presión que la ciudadanía pueda ejercer sobre el máximo tribunal, considerando -dijo- la dilación evidente para el estudio de la inconstitucionalidad que promovió hace más de un año.
A su vez, no descartó recurrir a la instancia internacional en caso de que la CSJ no se expida en un plazo que ella considere como razonable, que -según estimó- podría concluirse en junio próximo.
Lea más: Kattya presentó octavo urgimiento en busca de recuperar su banca del Senado
Kattya González había sido expulsada del Senado en febrero del año pasado a través de la figura de la pérdida de investidura. Unas semanas después, la legisladora promovió la acción de inconstitucionalidad bajo el argumento que se violaron el reglamento interno de la Cámara Alta y sus garantías procesales.