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La licitación de la Justicia Electoral, presidida por el cartista Jaime Bestard (ANR, HC), inquieta a toda la clase política y la ciudadanía en general. Representa un gasto estatal de US$ 93 millones, monto que algunos políticos exhortan a gastarlo en otras prioridades, como salud pública, mientras que otros referentes lo justifican como una necesaria inversión en la democracia y la transparencia.
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También existe el temor en sectores de la oposición que la empresa ganadora esté vinculada al presidente de la República Santiago Peña, especialmente a la firma ITTI, lo que haría surgir dudas sobre la transparencia en cada elección.
A esto se suma que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación de oficio ante las reiteradas denuncias de direccionamiento en la licitación y el Senado creó una comisión especial que “acompañará” el proceso licitatorio.
Apertura de ofertas
Sin embargo, el sitio web de la DNCP, cuyo titular designado por Santiago Peña es Agustín Encina, informó que la polémica licitación (ID N° 460034) sigue en marcha y este miércoles 23 de abril, a las 8:30, se cierra el plazo a los oferentes para presentarse. Igualmente, ese mismo día se abrirán los sobres con las propuestas de los oferentes.
La apertura de sobres se realizará en la sede de la Justicia Electoral, sobre la Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra, en el Bloque Administrativo, Primer Piso, a las 9:00. El encargado del trámite será Angelo Calderini, director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Justicia Electoral.
Esto pese a que la misma DNCP suspendió y luego reactivó la licitación de la Justicia Electoral, al encontrar 32 observaciones de un posible direccionamiento a una sola oferente.
A esto se suma que una oferente denunció más direccionamientos, motivo por el cual la DNCP inició una investigación de oficio a cargo de al jueza Rebecca Thompson. Ella es la misma designada por Contrataciones para investigar la licitación contra el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, por haber comprado pupitres a un tercio del valor de los “pupitres chinos” adquiridos por Itaipú, escándalo que se intentó ocultar.