Cargando...
Las dudas planteadas al proyecto de expediente sanitario digital eran justificables, ya que ni siquiera se sometió a audiencia pública, y si bien el fin es sumamente loable, los cuestionamientos fueron sobre las garantías del resguardo de la información.
“Es un tema sumamente delicado, toda la historia médica de una persona es de una confidencialidad extrema y deben existir mecanismos demasiado claros de protección de estos datos médicos y determinar las cuestiones policiales, como que quede un registro”, mencionó la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).
En la misma línea se sumó el diputado Raúl Benítez (Independiente) que recordó que precisamente el gobierno no tiene los mejores antecedentes sobre cuidado de datos, ya que se comprobó que Brasil espió a autoridades nacionales para tener ventaja en la renegociación del Anexo C de Itaipú, y un reciente caso de presunta filtración masiva de datos públicos para su venta en línea.

“Acá esto no se puede convertir en un ‘boomerang’ para la ciudadanía. Entiendo que se pretende que sea una herramienta para la gente pero para que sea eso, tiene que estar redactado para que no se convierta en una amenaza”, dijo.
Lea más: Supuesta venta de datos de paraguayos en la “web oscura” aún no está corroborada, dice Mitic
Expediente sanitario digital y el ámbito laboral
A modo de ejemplo, citó la cuestión laboral, donde una filtración podría ser violatoria contra derechos básicos del ciudadano.
“Proyectos como este son preocupantes, porque por ejemplo si uno quiere irse a conseguir un trabajo y esto no es verdaderamente confidencial, se puede convertir en un arma para que no te den un trabajo, sin que el jefe te diga, porque ya va a tener tu historial médico, va a saber tu historial de base, va a saber si tuviste una accidente, etc”, dijo.
Los legisladores advirtieron que la redacción planteada también planteaba varias ambigüedades y no se establecían claramente responsabilidades en casos de filtración, o de quiénes pueden acceder a los datos.
Los diputados Rodrigo Gamarra y Miguel Del Puerto (ANR, cartistas) y Hugo Meza (ANR, B- Oficialista) por su parte defendieron el proyecto, y se terminó dando la media sanción. Ahora pasa al Senado para su segundo trámite.