Mirtha Fernández (PLRA), intendente de Valenzuela (Cordillera) y otras 11 personas fueron acusadas en marzo del 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel, por los presuntos hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa, Asociación Criminal y otros delitos. Sin embargo, desde entonces las dilaciones judiciales entorpecieron el desarrollo del proceso, debido a que cada uno de los procesados se turnan para chicanear y así evitar la audiencia preliminar para conocer si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
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Incluso varios abogados defensores de la intendente liberal ya fueron apercibidos por ser chicaneros. No obstante, siguen presentando diferentes dilaciones para evitar que su cliente acusa a la audiencia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados; Javier Lezcano Rolón, Raquel Susana Acuña y Juan Carlos González en contra del Auto Interlocutorio N° 34 del 05 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
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“La presentación aducida no cumple las disposiciones de forma, dado que la resolución recurrida no es objetivamente impugnable por esta vía. La misma no tiene el efecto ni la virtualidad de poner fin al procedimiento, extinguir la acción o la pena, o denegar la extinción, conmutación o suspensión de la pena, según lo preceptuado por el Art. 477 del CPP”, reza parte de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, el Juzgado debe agendar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar de la intendenta Mirtha Fernández y los demás acusados en la causa. La jefa comunal sigue ejerciendo su cargo, pero debido a la falta de transparencia el Ministerio de Economía y Finanzas le bloqueó las transferencias desde el 2021.
La causa
Según los antecedentes, Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide.
También estuvieron involucradas, las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación, así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras. Los agentes fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y, además, el Presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora. El encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras.
En el marco de este proceso, dos las personas ya condenadas. Se trata de Blásido Candia, contratista de la empresa BC Construcciones y María Liz Fleitas, contratista de MLF proyectos y Construcciones, quienes firmaron contratos con la intendenta para construir empedrados y parques infantiles que nunca se hicieron, pero que se pagaron en su totalidad.
Blásido Candia y María Liz Fleitas fueron condenados a dos años de cárcel, pero con suspensión de la condena y deberán pagar cada uno G. 110 millones en cuotas de G. 4.583.333, comparecer todos los meses al juzgado y no salir del país.