La Corte Suprema de Justicia dejó firme la competencia del juez penal, Rodrigo Estigarribia, quien había sido recusado por los abogados defensores de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández.
Se trata del expediente que investiga un presunto perjuicio de más de G.1.199 millones de las arcas de la comuna de Valenzuela, hecho por el cual se investiga a la intendenta Mirtha Fernández (PLRA).
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Los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel acusaron en marzo del 2023 a la intendenta Mirtha Fernandez Yegros, Cristhian David Flecha, Elvis Ramón Balbuena, María Liz Fleitas, Blasido Candia, Carlos Samudio, Anibal Samudio, Segio Flecha Fernández, Maglio Muñoz, Verónica Acosta, Silvia Acosta e Inocencio López, quienes, según las investigaciones, armaron una red de corrupción en el 2019 supuestamente para malversar los recursos municipales provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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La acusación del Ministerio Público describe la facturación por obras que no fueron llevadas a cabo y que fueron cobradas en su totalidad con precios incluso sobrefacturados.
Según la investigación fiscal, se crearon empresas de maletín que entregaban las facturas que eran presentadas por las autoridades municipales ante la Contraloría General de la República (CGR), pero, en realidad, nunca se puso un solo ladrillo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declaró inadmisible el recurso de Apelación General interpuesto por los abogados; Javier Lezcano Rolón, Raquel Susana Acuña Giménez y Juan Carlos González, por la defensa de Mirtha Fernández Yegros, contra el AI Nº 43 del 12 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Esta es la segunda ocasión que la Sala Penal de la Corte Suprema declara inadmisible los recursos jurídicos planteados por la intendenta con el objetivo de postergar el inicio del juicio oral y público.