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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, defendió el reconocimiento hecho a Miguel Óscar Bajac, exministro de la Corte Suprema de Justicia condenado a tres años de prisión por coima, durante un acto de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Bajac, quien fue hallado culpable de cohecho pasivo agravado y condenado a tres años de prisión en julio de 2023, fue homenajeado junto a otros profesores de Derecho de la UNA por su trayectoria docente en un acto en la residencia del vicedecano de la Facultad de Derecho, Carlos González, en el que estuvieron presentes Miranda, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla; y el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
Además estuvieron presentes el exmiembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, acusado de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos; su esposa, la jueza Karen González.
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Miranda defendió el acto afirmando que no se trató de una “condecoración”, sino “un homenaje a los docentes más antiguos” de la Facultad de Derecho, entre ellos “el profesor doctor Bajac, quien tiene una trayectoria impecable como docente”.
Manifestó que la iniciativa de homenajear a Bajac y a los demás profesores “surgió de los docentes”, y que “no entramos a juzgar otros factores”.
“No se trata de analizar en cada caso las cuestiones que hacen a las actividades de cada uno, en este caso nos circunscribimos exclusivamente a las actividades docentes”, dijo. “Cada uno es responsable personalmente de sus actos, tengo entendido que el doctor se ha puesto a disposición de la Justicia y si recibió una sanción estará cumpliendo”.
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El vicepresidente del Consejo de la Magistratura afirmó que participó del acto con fines proselitistas, ya que es candidato al puesto de representante de los docentes de universidades públicas en el Consejo.
Pedido de 50.000 dólares
Miguel Óscar Bajac fue declarado culpable de haber solicitado entre 2017 y 2018 la suma de 50.000 dólares para favorecer desde su puesto en la Corte Suprema a una empresa privada en una demanda contra la estatal Industria Nacional de Cemento.
La condena fue confirmada en febrero de este año por la Cámara de Apelaciones.