Arnaldo Baeza, concejal de Luque y pre candidato a intendente por el cartismo, durante la sesión de la Junta Municipal, adelantó que ya se estuvo trabajando en un proyecto para “optimizar la recaudación del impuesto inmobiliario” y que próximamente se presentará el documento. Agregó que una iniciativa similar fue mal llamada “tercerización de cobro de impuesto inmobiliario” en el pasado, pero defendió que este método es necesario en Luque para poder mejorar la recaudación.
“La semana pasada me reuní en la Intendencia donde estamos hablando sobre cómo optimizar los impuestos inmobiliarios. Estamos trabajando con el proyecto, al que antes le mal llamaron tercerización. Hay que recaudar más, porque se necesita de más recursos para encarar los grandes desafíos que tiene la ciudad”, justificó el concejal cartista Baeza, quien es candidato a la intendencia por el cartismo y está utilizando la estructura municipal para posicionar su figura de cara a los comicios de 2026.
El edil, de cuestionada gestión debido a su prepotencia, dijo que se necesita más dinero para poder mantener las calles en buen estado, invertir en sistema de desagüe pluvial y otras obras que beneficien a los contribuyentes. Sin embargo, nada dijo el cartista de buscar por ejemplo reducir la cantidad de funcionarios o la millonaria dieta, con el objetivo de ahorrar y destinar a obras de verdadero impacto social.
Se aprobó, se reculó y el contribuyente de Luque pagó indemnización
La Municipalidad de Luque en mayo el 2017, durante el primer periodo municipal del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), tercerizó por 15 años el cobro de impuestos. Pese al rotundo rechazo ciudadano, se adjudicó a la empresa Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, de Diego Armando Cardona Herreros.
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Según el convenio, la empresa debía cobrar impuestos a los ciudadanos luqueños hasta julio de 2032 a cambio del 27% de lo recaudado por año. La adjudicación se realizó en un proceso plagado de irregularidades, que fueron denunciadas por otras empresas que participaron del concurso de ofertas.
Con la firma del convenio a más del intendente Echeverría, siete concejales habrían violado la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/1 y la Ley N° 1618/2000 de “Concesiones de Obras y Servicios al delegar exclusivamente esas funciones de la institución a una empresa privada.
Otros municipios como Asunción poseen igualmente el cobro tercerizado con un porcentaje de comisión a favor de la entidad financiera o la boca de pago. Sin embargo, paralelamente se le ofrece la posibilidad al contribuyente para que pague en las cajas de la administración comunal, si quiere eludir los pagos extras, adicionales o las comisiones. En el caso de Luque, la única opción que se le plantea es el servicio tercerizado, con lo cual forzosamente se le encarece el pago del impuesto inmobiliario y contribuciones especiales.
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Los que impulsaron el cobro tercerizado en Luque
Los que impulsaron la cuestionada tercerización fueron los concejales colorados: Rubén González Chaves (hijo del fallecido senador Óscar González Daher y quien está condenado por corrupción por lo cual tuvo que abandonar su segundo periodo legislativo), Teodoro Valdez, Christian Valdez, el liberal Silverio Mosqueira y los colorados Eliseo Fernández, Diego Romero y Juan Ángel Marecos, estos últimos tres siguen siendo concejales en la actualidad.
El convenio tuvo que ser roto en noviembre del 2018, luego de que se comenzara a investigar al senador colorado cartista Óscar González Daher por supuestos hechos de corrupción y se evidenció que la firma adjudicada “no vio” que el senador pagaba como patio baldío sus centenares de edificios que poseía en la ciudad, mientras que al ciudadano común se le desangraba sin piedad. La Municipalidad de Luque tuvo que pagar una millonaria indemnización a la empresa, monto que no se transparentó nunca.
La Municipalidad de Luque anualmente emite dos facturas en una sola para los contribuyentes: Impuesto Inmobiliario y Contribuciones Especiales. Estas últimas incluyen supuestos servicios como: limpieza de patio baldíos, mantenimiento de pavimento, conservación de plazas. Además, un impuesto especial que supuestamente se destina a “fondo de emergencia” y por servicios técnicos y administrativos. Es decir, que solo el 15% de lo que abona el contribuyente en concepto de impuesto inmobiliario va a ese rubro, en tanto que, el 85% se direcciona a otros tributos.