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Se trata del proyecto de ley ¨que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos.
Los diputados aprobaron el proyecto de ley con las modificaciones introducidas en las comisiones asesoras, en especial para puntualizar mejor las sanciones a los infractores.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.
“Los equipos introducidos ilegalmente a las cárceles permiten a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como el tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas, homicidios y una serie de hechos delictivos que pueden organizar, aunque estén privados de libertad”, expresa parte del escrito del diputado proyectista José Rodríguez (ANR-HC).
En el proyecto se propone, además, penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan los dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Sanciones para quienes ingresen teléfonos en las cárceles
Establece, asimismo, que los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión.
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Además, se contempla la penalización de la tentativa.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice otra parte del proyecto.
Luego de un largo debate sobre las falencias del sistema penitenciario y de la ola delictiva, se aprobó el proyecto y fue remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.