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La problemática suscitada por la medida judicial que prohíbe al intendente electo de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), acercarse a la sede de la municipalidad, y la elección de un intendente interino continúa agravándose con el correr de los días.
Hilario Adorno, hermano de diputado cartista Domingo “Mino” Adorno, está acusado por administración en provecho propio y se atornilla a su cargo, pese a que existen medidas judiciales que le imposibilitan ejercer el cargo de intendente.
Además el cartista, sigue emitiendo notas utilizando el membrete de la Municipalidad de Puerto Casado, incluso continúa a cargo de los recursos económicos municipales.
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El concejal Domingo Vera (ANR), quien fue designado por sus pares como intendente interino el pasado 8 de abril, luego de que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, César Emilio Rossel y Jorge Enrique Bogarín González, dejaran sin efecto lo resuelto por el Tribunal Electoral de la circunscripción de Concepción y Alto Paraguay que dejaba nulo el cargo de intendente interino asumido por el concejal Claudio Martínez (ANR) el año pasado y confirmaba al cartista Hilario Adorno como jefe comunal.
Acción de inconstitucionalidad de Hilario Adorno
No obstante, el cartista Adorno presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Justicia Electoral y con esa medida sostiene que sigue siendo intendente.
Debido a la resistencia del cartista y para contar con más recursos legales para administrar la Comuna, Domingo Vera presentó un pedido de informe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Vera indicó que necesita saber si los ministros dispusieron medidas cautelares de suspensión de los efectos de la sentencia del TSJE, que destituyó Hilario Adorno, pues la solo presentación de la acción de inconstitucionalidad no anula lo resuelto por la Justicia Electoral.
El intendente interino alega que debido a las diversas resoluciones judiciales el Banco Nacional de Fomento (BNF) se niega a excluir a Hilario Adorno y Samuel Pereira, quien es director de Administración y Finanzas Comunal y leal al cartista de las cuentas bancarias de la Municipalidad por lo cual sigue disponiendo de los recursos comunales.
Hilario Adorno está acusado por administración en provecho propio supuestamente por que utilizó recursos de los contribuyentes casadeños para comprar una camioneta que puso a su nombre. El juicio comenzó, pero está paralizado debido al sugestivo cambio del fiscal de la causa.
Actualmente es fiscal Teresilde Fernández, quien anteriormente ya había “cajoneado” varias denuncias contra el Clan Adorno.