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El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, vinculó en la institución a su cargo a numerosos operadores políticos al servicio de su equipo político, según revelan datos de transparencia de la institución pública. Varios de ellos también aparecen ligados al senador cartista Derlis Osorio.
Operadores políticos
Cinco operadores políticos figuran en el primer anillo del director del INE.
El primer funcionario de la lista es Julio Roberto Trinidad Ferreira, quien se desempeña como director de Talento Humano del INE desde noviembre de 2022. En marzo recibió la suma de G. 15.456.435. Hasta la fecha recibió ingresos por valor de G. 667.721.586.
Trinidad fue concejal municipal de Areguá entre 2015 al 2021, puesto que dejó para ocupar el cargo de intendente entre junio a noviembre de ese año, tras la renuncia de Humberto Denis Torres Fleitas (ANR-HC), quien dimitió para disputar su reelección.
Según archivos de prensa, Trinidad obligaba a que los miembros de las comisiones vecinales se afilien a la ANR y acudan a los actos políticos para que sean consideradas en sus reclamos.
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Además, en marzo del 2022, fue imputado por la fiscala penal de Luque y Electoral de Central, Sandra Ledezma, por incumplir una orden judicial que obligaba al retiro de propaganda electoral. Desde enero del 2023, Trinidad ocupa el cargo de presidente de la seccional N° 101 en Areguá.
El segundo funcionario identificado como operador del Clan Ojeda es Martín Orué Vera, director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del INE. El funcionario ingresó a la institución en octubre del 2023. El mes pasado, Orué cobró la suma de G. 14.973.750, recibiendo desde que ingresó a la institución la suma total de G. 239.280.000.
Anteriormente, Orué fue intendente municipal de Capiatá entre julio a noviembre de 2021, para completar el periodo de Luis Fernando González (ANR-HC), quien renunció para candidatarse a la Gobernación de Central.
El tercer operador identificado es Luis Domínguez Jara, quien figura como Director de Administración Financiera desde noviembre de 2021, tras ser comisionado desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs) . En marzo cobró la suma G. 14.215.350, casi el doble de su remuneración de origen, donde cobraba la suma de G. 8.508.000.
Domínguez aparece en numerosas publicaciones al lado del senador Derlis Osorio como también de Iván y Ariel Ojeda, evidenciando un activo proselitismo electoral hasta la fecha. Actualmente, es dirigente de la seccional 169 de Fernando de la Mora.
El cuarto funcionario es Raúl David Perdomo Vázquez, quien figura como funcionario del INE desde octubre del 2021, tras ser comisionado desde la Municipalidad de Capiatá. Perdomo ocupó el cargo de Jefe de Departamento hasta setiembre del 2023. Tras la asunción de Santiago Peña, fue nombrado Director Administrativo, por lo cual en marzo del 2025 cobró la suma de G. 11.473.750.
Anteriormente, Perdomo fue candidato a concejal de Capiatá por el movimiento de Luis González e hizo campaña por la candidatura del senador Derlis Osorio.
El quinto funcionario y más reciente contratado es Juan Hernán Piris Mareco, ex-candidato a intendente de la ciudad de Itá que figura como coordinador de capacitación desde octubre de 2024 y con un salario de G. 8.000.000.
Antecedentes
Desde el 2018, Iván Ojeda viene ocupando el cargo de director general de la anterior Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que, en el 2020 bajo su mandato, se convirtió en el INE. Además, Ariel Ojeda, hermano del director del INE, se perfila como candidato del Partido Colorado para las elecciones municipales del próximo año.
Intentamos conocer la versión de Iván Ojeda a su número con terminación 203 como también del senador Derlis Osorio a su número con terminación 971. Ambos no atendieron las llamadas realizadas.
Licitaciones en manos de ex-imputado
En un nivel de jerarquía inferior pero con una contratación desde diciembre del 2024 figura Nicolás Augusto Velardez Miltos, funcionario incorporado como sub-coordinador de Contrataciones del INE y con un salario de G. 5.310.000, sin que se hayan considerado sus antecedentes.
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En 2015, Velardez Miltos fue procesado con medidas alternativas a la prisión junto con otros 3 personas, tras el desvío de combustible en el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs) que involucró a 31 personas. La auditoría interna realizada en la institución había revelado que los funcionarios no presentaron documentaciones de respaldo de la rendición de cuentas por uso de combustible tanto en actividades en el área central como en el interior del país, con un perjuicio estimado en G. 1.070.566.155, según lo señaló el entonces fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), Martín Cabrera.
Por esto, el juez Miguel Tadeo Fernández dispuso la fianza personal de los respectivos abogados de los procesados por G. 1.070 millones. Además, como regla de conducta, debían comparecer en forma mensual ante el juzgado y tenían prohibido tanto salir del país como cambiar de domicilio.
Velardez volvió a la función pública a finales del año pasado tras ocupar varios cargos en el Ministerio del Interior años atrás, específicamente entre 2017 a 2020, entre ellos director de Talento Humano, director de monitoreo y evaluación e inspector de la extinta Dirección General de Migraciones.