La Defensa Pública presentó el proyecto de ley de “Creación de un Registro Nacional de Créditos y de la Oficina de Registro de Créditos dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos”, que básicamente va en la misma línea que la iniciativa legislativa presentada por los diputados Rodrigo Blanco (PLRA, PL) y los cartistas José Rodríguez y Rocío Abed.
La “mafia de los pagarés” es un presunto esquema delictivo que operaba presuntamente incluso con connivencia de Juzgados de Paz, mediante el cual se realizaban descuentos compulsos a las víctimas, pese a que estas ya habían abonado hasta 4 veces los montos prestados.
Esto, ya que ocultaban de las víctimas los pagarés, que eran ejecutados una y otra vez, instrumentando a la justicia.
El proyecto pretende un registro que esté a cargo de la Dirección General de los Registros Públicos, pero interconectado con otras instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el propio Ministerio de la Defensa Pública, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Señala que estarán obligados por esta ley (de promulgarse) a registrar los pagarés 1) las entidades del sistema financiero regulado (bancos, financieras, cooperativas), 2) empresas dedicadas al otorgamiento de créditos y 3) personas físicas o jurídicas que, de manera habitual, realicen préstamos de dinero con o sin intereses.
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Se plantea que en un plazo de 10 días de firmar los pagares, se realice el registro de los datos básicos a fin de garantiza la trazabilidad e inalterabilidad de los documentos, como ser el nombre y documentos del deudor, monto del crédito otorgado, fecha y vencimiento del instrumento, tasa de interés pactada (en caso de existir) y que estén digitalizados.