El reporte anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) menciona que el “Senado removió a la senadora Kattya González (independiente, ex-PEN) por el supuesto uso indebido de influencias, en un proceso cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género”.
Asimismo, se refiere a la cuestionada "comisión garrote", integrada en su mayoría por cartistas. Sobre el punto, afirma que “el Congreso instaló una Comisión Bicameral para investigar posibles vínculos entre el financiamiento político y organizaciones de derechos humanos, con especial atención en aquellas que reciben financiamiento internacional”.
“Esto ha generado preocupaciones por posibles filtraciones de información, así como actos de persecución y desprestigio. La sociedad civil advirtió que estas acciones, sumadas a la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, están contribuyendo a un entorno adverso para la defensa de los DD.HH., el ejercicio del periodismo y la oposición política, afectando gravemente la libertad de asociación y expresión”, señala parte del informe.
Con respecto al informe de la CIDH es necesario destacar que los informes de este tipo cotejan datos a lo largo de una franja de tiempo y, con respecto a la actualidad, ya llegando al primer semestre del 2025, seguimos caminando hacia un precipicio autoritario.
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La exsenadora González se refirió al informe del organismo internacional. “Paraguay sigue retrocediendo en derechos y libertades de una forma vertiginosa y alarmante”, lamenta la exlegisladora destituida en una sesión exprés por 23 senadores cartistas y sus aliados.
González menciona que lo que se expresa como avances dentro del informe, el cartismo se encargó de dilapidar hasta las cenizas, como es el caso del fortalecimiento de la Dirección de Protección Integral de la Mujer, siendo que, en la sesión pasada, con un quorum dudoso, desmantelaron la creación de juzgados especializados en materia de violencia contra la mujer, solo para seguir asestando golpes estratégicos a la democracia con el discurso autoritario del que se arropan y con el que se sienten bien a gusto.
Indica que el informe anual no se refiere solo a ese punto, puesto que también destaca las campañas de prevención de violencia contra la mujer impulsadas desde el Ministerio de la Mujer, que hoy continúan siendo amenazadas y prestas ya para su eliminación, negando la evidencia del aumento de casos de feminicidios y violencia familiar.
“Todo lo que vemos reflejado como conquistas progresivas en materia de derechos humanos dentro del informe, ahora, en este preciso momento, fueron eliminadas completamente por una facción del Partido Colorado”, apuntó.
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Para la exparlamentaria, que fue una de la cuatro senadoras más votadas del Senado, el informe también refleja un poco parte de lo que vienen denunciando desde el día uno: “un plan en donde están viniendo por todos, tal como asistimos en los procesos de la Comisión Garrote contra organizaciones de la sociedad civil, al solo efecto de controlar, perseguir y eliminar. Este es el matonismo legalista con el que se están comportando, y la propia CIDH lo está haciendo notar”, enfatiza.
Kattya afirma que es así que “el Paraguay pende de un hilo, y continúa en terapia intensiva en lo que hace a las intenciones autoritarias por parte del cartismo”. Añade que dicha situación también les marca el camino puesto que tenemos bien definido a los actores dentro del tablero.
Indica que por un lado, “tienen a los que plantean volver hacia un modelo de corte autoritario, restrictivo y persecutorio; y por otro, estamos quienes invocamos un modelo abierto, democrático y participativo. Un modelo de país sobradamente distinto al que tenemos hoy, que solo sabe de corrupción, impunidad, inseguridad, pobreza y escasez”, menciona.
Sostiene que el informe es una radiografía de un país que se debe cambiar con urgencia y que para ello es necesario dialogar entre sociedad política y sociedad civil de manera tal a ofrecer una resistencia combativa y frontal al relato cartista del que dijo: “atrasa, humilla y desalienta”. La exlegisladora ya lleva presentados 11 urgimientos a la Corte para que resuelva la inconstitucionalidad sobre su destitución.