El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) presentó oficialmente el proyecto de ley que “regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial”. La norma fue girada a cinco comisiones para su análisis y dictamen.
Según el primer artículo del proyecto de ley, el objeto de la norma es establecer el marco legal para regular y promover la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (lA) al servicio del ser humano.
Indica que es con el fin de “garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética y la responsabilidad en su aplicación, respetuosos de los principios democráticos y el estado de derecho”.
Establece que las personas afectadas por sistemas de inteligencia artificial tienen los siguientes derechos, a ser ejercidos en la forma y condiciones descritas en un capítulo y en leyes complementarias o afines.
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Entre ellos, el derecho a la información previa respecto a sus interacciones con sistemas de inteligencia artificial, derecho a impugnar decisiones o predicciones de sistemas de inteligencia artificial que produzcan efectos jurídicos o que impacten de manera significativa los intereses del afectado.
En el artículo 10° menciona que cuando la decisión, predicción o recomendación de un sistema de inteligencia artificial produzca efectos jurídicos relevantes o impacte de manera significativa los intereses de la persona, incluso mediante la generación de perfiles y realización de inferencias, esta podrá solicitar la intervención o revisión humana.
En el proyecto se define como “alto riesgo” aquellos utilizados para las siguientes finalidades: investigación criminal y seguridad pública, en especial para evaluaciones individuales de riesgos por las autoridades competentes, a fin de determinar el riesgo de que una persona cometa infracciones o reincida.
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Asimismo, el riesgo para potenciales víctimas de infracciones penales o para evaluar los rasgos de personalidad y las características o el comportamiento criminal pasado de personas o grupos.
Igualmente, para el estudio analítico de crímenes relativos a personas naturales, permitiendo a las autoridades policiales investigar grandes conjuntos de datos complejos, relacionados o no relacionados, disponibles en diferentes fuentes o formatos, con el fin de identificar patrones desconocidos o descubrir relaciones ocultas en los datos.
En el proyecto de ley, que consta de 38 artículos, se plantea que sea el Poder Ejecutivo será el que establezca la autoridad competente para su aplicación